Polígrafo y exámenes toxicológicos como parte del control interno en las aduanas mexicanas

La recaudación por operaciones de comercio exterior es quizá uno de los objetivos que se pueden medir con mayor precisión en las aduanas mexicanas. En el primer semestre de 2025, por ejemplo, más de 656,034 millones de pesos ingresaron a las arcas del país por esta actividad.

Se trata de un crecimiento de 28.5% respecto a igual periodo del año pasado, según compartió el director de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín, en una entrevista publicada en la revista de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (Caaarem).

“Y a través del Sistema de Créditos Fiscales hemos recuperado más de 1,200 millones de pesos. Son cifras que reflejan un equilibrio sano entre control fiscal y la facilitación comercial”, comentó.

Pero hay un indicador que da cuenta del nivel de cumplimiento institucional al interior del propio organismo y del que casi no se habla con regularidad: el número de quejas y denuncias en contra de servidores públicos de la ANAM, así como de las desvinculaciones de sus cargos, a raíz de investigaciones de control de confianza.

El cumplimiento operativo

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) fue creada el 14 de julio de 2021 en sustitución de la Administración General de Aduanas (AGA), que dependía del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

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De manera formal, inició operaciones en enero de 2022 como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con la misión de administrar y supervisar el funcionamiento del sistema aduanero mexicano.

Desde entonces ha asumido diversas responsabilidades clave en el comercio exterior mexicano -importaciones y exportaciones- con dos objetivos muy claros: reducir la evasión y elusión fiscal y fortalecer la Estrategia Nacional Anticorrupción; es decir, aumentar la recaudación y evitar actos de corrupción.

Denuncias para mejorar la confianza

El cumplimiento del segundo pilar recae en la Dirección General de Evaluación de la ANAM, a cargo de Irlanda Pacheco Torres, quien no duda en resaltar que parte de la estrategia descansa en la construcción de una cultura de denuncias contra servidores públicos que puedan estar involucrados en actos desleales.

“Mi área es la encargada de analizar todas las denuncias que se emiten en contra de los servidores públicos de las 50 aduanas del país”, señaló durante su participación en el 85 Congreso de la Caaarem, el 17 de julio.

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Se realiza a través de un canal institucional denominado “Atención Denuncias”, el cual está disponible para servidores públicos o cualquier persona.

Tan pronto se da de alta, la Dirección de Evaluación integra la denuncia y determina si puede existir una responsabilidad administrativa, grave o no grave, o si por el contrario hay lugar para una cuestión penal.

“Si hay una cuestión administrativa la turnamos al órgano interno de control, y si es una cuestión penal ante la Fiscalía General de la República”, puntualizó.

El pulso de las 5,400 quejas y denuncias

En lo que va de 2025 la Dirección de Evaluación de la ANAM ha documentado 818 quejas y denuncias de las cuales 376, el 46%, fueron concluidas y el resto ha derivado en una integración de expediente.

De acuerdo con los datos que compartió durante su exposición, en los tres y medio años que tiene de vida la Agencia, se han documentado 5,460 quejas y denuncias, de las cuales 501, el 9.1%, derivó en la generación de un expediente.

Las cifras también revelan que en lo que va de 2025, se han recibido 136 quejas y denuncias mensuales, en promedio; comparado con 129 que se dieron en los primeros tres años de vida del organismo.

Mejora continua en las 50 aduanas

A partir de los datos y con base a los indicadores que nos dan todas las integraciones de los expedientes, la Dirección realiza supervisiones aleatorias ordinarias y extraordinarias en cada una de las 50 aduanas del país, para verificar que todo se lleve a cabo conforme a proceso.

Se valida la parte jurídica, el uso de recursos materiales, humanos y financieros, y el área legal y operacional, con el objetivo de detectar áreas de mejora e implementar medidas correctivas, según explicó Irlanda Pacheco.

Se trata de recomendaciones para reforzar cuestiones operativas, legales o financieras, para que puedan llevar a cabo un programa de implementación de mejoras.

Intolerancia a la corrupción

Como parte del programa de Cero Tolerancia a la corrupción, la Dirección de Confiabilidad realiza exámenes a servidores públicos, que sirven para revisar las buenas prácticas que realizan.

Los servidores públicos de recién ingreso son sometidos a estas pruebas cada seis meses y aquellos sin alguna denuncia en su historial, se les realiza cada año.  

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“Se hacen exámenes médicos, toxicológico, un examen de polígrafo y un examen socioeconómico, con lo cual se puede determinar si el servidor público se conduce con los parámetros y formalidades de la normativa que establece la ANAM.

A la fecha, según Pacheco, se han dado 180 desvinculaciones de personas que no han cumplido con las evaluaciones o relacionada con prácticas como la subvaluación de mercancía.