Transportistas anuncian paro nacional indefinido desde el 26 de octubre

El paro nacional anunciado por organizaciones del autotransporte de carga para el próximo lunes 26 de octubre coloca sobre la mesa un problema que va más allá de la suspensión de viajes: la capacidad de las empresas para mantener sus operaciones en un entorno de inseguridad carretera, mayores costos y cambios fiscales que consideran perjudiciales para su actividad.

Durante la reciente conferencia, representantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y otras organizaciones señalaron que la movilización responde a la acumulación de problemas que, aseguran, no han encontrado una solución efectiva pese a las reuniones sostenidas con autoridades.

¿Qué detonó el paro del autotransporte?

La inconformidad inmediata incluye los cambios fiscales relacionados con los estímulos por el uso de autopistas, pero los representantes del sector insistieron en que la movilización no responde a una sola medida.

Augusto Ramos Melo, presidente nacional de Canacar, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum revisar la propuesta de la Secretaría de Hacienda. Durante la conferencia, los dirigentes relacionaron este asunto con la falta de liquidez de las empresas y la presión que ejercen los gastos de combustible, peajes, seguros y mantenimiento sobre sus finanzas.

La preocupación también alcanza a las empresas que buscan mantenerse en la formalidad. Ramos Melo señaló que, según las cifras expuestas por el organismo, existen 38,300 empresas transportistas con trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), frente a 186,000 empresas de transporte que no se han incorporado a esa condición.

La dirigencia planteó que las obligaciones fiscales deben analizarse junto con las condiciones económicas que permiten a una empresa cumplirlas. Desde su perspectiva, aumentar la presión sobre los negocios formales sin resolver los sobrecostos operativos puede limitar su capacidad de inversión y continuidad.

Sin embargo, el frente fiscal es solo una parte del conflicto. Los transportistas también reclamaron cambios en la estrategia de seguridad carretera, medidas contra las extorsiones y una mayor responsabilidad en el mantenimiento de las vías concesionadas.

Seguridad carretera: el costo de perder una unidad

Durante la conferencia, los representantes describieron una cadena de gastos y dificultades que comienza con el robo de una unidad y puede extenderse durante semanas o meses.

Lauro Rincón Hernández, presidente nacional de la Federación Mexicoamericana de Transportistas (FEMATRAC), cuestionó la capacidad de respuesta ante los delitos carreteros y pidió establecer grupos especializados para atender los robos de vehículos de carga.

Según las cifras presentadas por los dirigentes, hasta septiembre de 2026 se habían registrado 1,125 robos relacionados con el autotransporte y 15 operadores asesinados durante el año. En la conferencia también se indicó que durante 2025 se contabilizaron 1,299 robos.

La recuperación de una unidad tampoco garantiza que la empresa pueda retomar su actividad de inmediato. Ignacio Granados Villanueva,vicepresidente de la región centro de INDECO , denunció dificultades para liberar vehículos recuperados ante las fiscalías y procedimientos que, afirmó, prolongan las pérdidas para sus propietarios.

A esto se suman los costos de arrastre y depósito. Rincón Hernández mencionó casos en los que recuperar una unidad puede implicar pagos de hasta 300,000 pesos, incluso cuando el vehículo se encuentra desvalijado.

El impacto es especialmente sensible para los pequeños transportistas, cuya operación puede depender de uno o pocos camiones. Perder una unidad de varios millones de pesos, sin mecanismos de apoyo que permitan reponerla, compromete directamente su capacidad para generar ingresos y atender sus compromisos financieros.

Los dirigentes también señalaron que las condiciones de seguridad los llevan a modificar horarios y recorridos, lo que incrementa los tiempos de traslado y añade costos que no siempre se reflejan en las tarifas cobradas por el servicio.

Peajes e infraestructura: pagar por circular sin garantías suficientes

La calidad de las carreteras fue otro de los puntos centrales del reclamo. Los transportistas cuestionaron que el pago de peajes no siempre se corresponda con las condiciones de mantenimiento y seguridad que encuentran durante sus recorridos.

Rincón Hernández señaló al Arco Norte como uno de los corredores que requieren atención y mencionó también la México-Puebla-Veracruz y la México-Querétaro-San Luis Potosí entre las rutas que, desde su perspectiva, mantienen riesgos para los operadores.

Además del desgaste de los vehículos por los baches y las superficies deterioradas, los dirigentes reclamaron que los seguros asociados a las autopistas no siempre ofrecen una respuesta suficiente ante los daños que sufren las unidades o las pérdidas derivadas de hechos delictivos.

El problema, por tanto, no se limita al costo de la caseta. Para las empresas, la operación incluye también el mantenimiento extraordinario, los tiempos adicionales de viaje, la recuperación de vehículos y las interrupciones ocasionadas por incidentes en carretera.

Los representantes solicitaron que las autoridades de los tres órdenes de gobierno asuman sus responsabilidades y que las concesionarias respondan por las condiciones de las vías bajo su administración.

¿Qué puede pasar con el movimiento de mercancías?

Durante la conferencia, los dirigentes estimaron que una suspensión generalizada podría representar pérdidas económicas de hasta 21,500 millones de pesos diarios. Se trata de una estimación atribuida a los convocantes, no de una proyección independiente verificada.

Para dimensionar el alcance logístico, también señalaron que por carretera se movilizan alrededor de 1.6 millones de toneladas de mercancías al día. Entre los flujos expuestos a posibles interrupciones mencionaron alimentos, productos agrícolas y cárnicos, combustibles, químicos, autopartes, textiles e insumos industriales.

El efecto podría extenderse a las operaciones de comercio exterior. Los representantes citaron alrededor de 21,000 cruces diarios entre México y Estados Unidos y un valor de mercancías de 1,800 millones de dólares al día, además de los movimientos de carga que entran y salen por puertos marítimos y aeropuertos.

Los transportistas aclararon que no buscan bloquear carreteras, sino realizar manifestaciones coordinadas en circulación. No obstante, una reducción de los viajes disponibles podría generar retrasos en las entregas, acumulación de mercancías y dificultades para abastecer a industrias y centros de distribución.

Gobernación ofrece diálogo

Este mismo día, la Secretaría de Gobernación reconoció las preocupaciones de las organizaciones y reiteró que existen canales institucionales para atender sus planteamientos y construir acuerdos con las autoridades competentes.

La dependencia también llamó a privilegiar el diálogo para evitar afectaciones a la ciudadanía, al tránsito y al traslado de mercancías.

"La Secretaría de Gobernación mantiene una actitud abierta y sensible a las demandas del sector, con el compromiso de encontrar soluciones mediante el entendimiento y la colaboración", se lee en el comunicado.