Los retos que enfrenta el transporte de carga en México son muy diversos: una constante presión de los costos operativos, la necesidad de modernizar flotas y una creciente exigencia de sostenibilidad; una triada en la que el arrendamiento vehicular promete ser un aliado estratégico
Pero antes tiene que sortear un obstáculo que limita su potencial: la falta de certidumbre jurídica cuando se roban una unidad arrendada.
Hoy, las compañías de arrendamiento enfrentan un vacío legal que considera esos casos como “abuso de confianza” y no como robo, lo que impide avanzar con el cobro de seguros y obliga a absorber pérdidas.
La Asociación Mexicana de Arrendamiento Vehicular (AMAVe) impulsa cambios legislativos para modificar esa figura y equiparar el delito al robo, una medida que no solo fortalecería a la industria, sino que también se traduciría en tarifas más competitivas para personas y empresas que dependen de unidades arrendadas para mover mercancías.
El origen y el destino del conflicto
El transporte de carga y distribución urbana aprovecha el arrendamiento para garantizar disponibilidad de vehículos sin comprometer liquidez. Y aunque su alcance aún es menor, sí se han presentado casos en los que “rentan flotillas 10 o 12 carros y no los devuelven”.
“En casi todo el país, si alguien arrienda un vehículo y lo usa para delinquir, venderlo, desmantelarlo o simplemente no lo devuelve, no puede ser procesado como robo. Eso impide que la autoridad investigadora actúe, que los seguros procedan y que los vehículos sean recuperados a tiempo”, señaló en abril de 2025, José Luis Garza Garza, diputado local de Nuevo León, tras presentar la iniciativa que cambiaría el estatus legal de este hecho.
De prosperar, se convertiría en la quinta entidad en aprobarla tras lo alcanzado en Sonora, Jalisco, Quintana Roo y Baja California Sur, de acuerdo con la AMAVe.
“Cuando entregas las llaves a un cliente y no lo devuelve, se cataloga como abuso de confianza, pero la aseguradora no lo paga y se convierte en una pérdida operativa”, explica Noriega. Solo en Nuevo León se registraron 80 unidades robadas bajo ese esquema en 2024.
El vacío legal genera un efecto dominó. Al elevarse el riesgo, aumentan las primas de seguro y, con ello, los costos de arrendamiento que terminan impactando al usuario final, ya sea una empresa de transporte de mercancías, una pyme o un operador logístico. “Las tarifas con las que salimos al mercado se encarecen con estos ilícitos. Si se logra la reforma, podremos ofrecer precios más competitivos y accesibles”, añade.
El pulso del sector arrendador y sus 35,000 unidades de carga
En entrevista con The Logistics World, dijo que la AMAVe tiene una flota activa conjunta de 350,000 unidades, de la cual 10% corresponde a vehículos de clase 5 o superiores, es decir, camiones medianos y pesados utilizados en logística y transporte de mercancías. El saldo a septiembre significa un alza de 5.1% respecto a diciembre de 2024.
“En el tercer trimestre crecimos 3.4%, lo que refleja la confianza de las empresas y personas que son clientes de las compañías de la AMAVe”, dijo Noriega durante la inauguración del noveno congreso de la Asociación celebrado en la Ciudad de México.
El incremento, sin embargo, ocurre en un contexto complejo. La industria enfrenta factores externos como la revisión del T-MEC, la transición hacia la descarbonización y la adopción de nuevas tecnologías, además de la necesidad de construir confianza entre clientes, proveedores y autoridades.
Del abuso de confianza al robo: la iniciativa que podría transformar el sector
En la práctica, el robo de una unidad de reparto o transporte de carga arrendada puede representar pérdidas de millones de pesos para las empresas que prestan el servicio, así como afectaciones al despacho o suministro de bienes.
Es una razón más de la AMAVe para trabajar de forma paralela en dos iniciativas: una a nivel federal y otra en los congresos estatales. En el Código de Comercio, la modificación busca establecer mecanismos más ágiles para recuperar las unidades y, con ello, garantizar la recuperación de la inversión.
A nivel estatal, el objetivo es tipificar como robo equiparado el hecho de no devolver un vehículo arrendado, permitiendo que las aseguradoras reconozcan el siniestro y las empresas no carguen con la pérdida.
Luisa Fernanda Ledezma, presidenta de la Comisión de Turismo en el Congreso de la Ciudad de México, coincidió en la necesidad de actualizar la legislación.
“El sector arrendador es clave para la introducción de nuevas tecnologías y vehículos más sostenibles, pero enfrenta riesgos significativos como el robo de unidades. Con esta reforma buscamos apoyarles y garantizar la seguridad del tránsito de personas y mercancías”, afirmó en su intervención ante miembros de la AMAVe.
La legisladora dijo que presentó, junto con la asociación, una iniciativa para tipificar el robo de vehículos de arrendamiento en la capital del país, sumándose a otras entidades.
Además, en el Senado de la República se discute una disposición para que los vehículos involucrados en delitos puedan ser devueltos a sus propietarios cuando no sean objeto directo de una investigación penal grave.
Un impacto más amplio para la cadena logística
Aunque la incidencia de robos en flotas de carga arrendada es baja comparada con la de autos particulares o turísticos, el valor de cada unidad perdida es mucho mayor.
Noriega ejemplifica que en empresas como Ready To Rent, de Idealease, se han registrado apenas 10 casos en la última década, pero el impacto financiero por cada uno ha sido considerable.
El cambio legislativo podría representar un punto de inflexión para el mercado. Con una mayor seguridad jurídica, las compañías podrían reducir sus primas de seguro, mejorar su rentabilidad y ofrecer precios más bajos, incentivando así la renovación de flotas en sectores como logística, última milla o distribución regional.
Perspectivas de una industria en transformación
La discusión legislativa podría redefinir el panorama del arrendamiento vehicular en México. No se trata solo de proteger los activos de las empresas arrendadoras, sino de crear condiciones de confianza para que más compañías de transporte y distribución adopten este modelo sin temor a pérdidas injustificadas.
De prosperar las reformas, el sector podría consolidar un círculo virtuoso: mayor certidumbre jurídica, menores costos de operación, flotas más modernas y una logística más segura y sostenible. En un país donde más del 80% de las mercancías se mueven por carretera, el impacto sería profundo.
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