Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaria de Gobernación (SEGOB) aprobó conformar mesas de trabajo especializadas y buscar los mecanismos que permitan aplicar la ley contra quienes cometan bloqueos ferroviarios, a tramos carreteros y a casetas de cobro, informó la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR).
De acuerdo con Enrique González Muñoz, presidente nacional de la CANACAR, en el Grupo de Trabajo Interinstitucional participarán los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de al República (FGR), así como autoridades de los estados donde haya mayor incidencia de bloqueos ferroviarios y a otras vías de comunicación.
Según la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal vigente, los servicios federales de autotransporte de carga, de importancia primordial para la adecuada marcha de la economía del país, por lo que resulta de interés público la continuidad de su prestación.
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El artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación señala que si el delito fue cometido por imprudencia y con motivo del tránsito de vehículos por carretera, aquél sólo se perseguirá por querella, la cual únicamente podrá formularse cuando no se repare el daño en un plazo de treinta días naturales, por lo que el delito se sancionará con multa hasta por el valor del daño causado, más la reparación de éste.
De ahí que para que se persiga el delito de bloqueos ferroviarios o ataques a las vías generales de comunicación y medios de transporte, por imprudencia, y con motivo del tránsito de vehículos por carretera, se requerirá como premisa indispensable que se formule la querella correspondiente por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), al tener el carácter de parte ofendida en los delitos de esa naturaleza.
Bloqueos ferroviarios y de otras vías de comunicación y su impacto en el país
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF), más de 17,000 carros de ferrocarril y 31 trenes se encuentran detenidos por el bloqueo, impidiendo el transporte de alrededor de 5,000 contenedores y más de 1,700 vehículos, generado pérdidas por cerca de 240 millones de pesos.
El autotransporte de carga contribuye con el 3.4% del PIB, y atiende la demanda de 111 ramas de la economía nacional. Asimismo moviliza 552 millones de toneladas de mercancías y productos, lo que equivale al 81.5% de la carga terrestre y 56.3% de la carga doméstica total.
La resolución de Sánchez Cordero aprobó las mesas de trabajo ante los representantes de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), la Cámara Nacional de la Industria de Hierro y el Acero (CANACERO), la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), la Canacar y la AMF.
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