La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) informó que la Agenda estratégica ante el impacto de la inseguridad en el sector del autotransporte de carga es un estudio que examina la afectación de la inseguridad en la competitividad del sector y en la economía de México e incluye la prevención, una política reactiva y la procuración e impartición de justicia como las acciones que deben realizarse para enfrentar dicho tema.
A continuación se mencionan las estrategias que recomienda la CANACAR:
1. Aspecto preventivo. Se recomienda establecer horarios de circulación en las zonas con mayor peligro al contar con seguridad por parte de la policía federal. Construir casetas/módulos de vigilancia en la entrada y salida de los kilómetros más afectados por la delincuencia como el llamado Triángulo rojo: Puebla-Tlaxcala-Veracruz. Y promover y capacitar para la utilización al interior del gobierno de bases de datos del secretariado y las distintas instituciones públicas, con el objetivo de generar algoritmos que predigan probabilidades y elementos en común en los delitos (big data).
2. Política reactiva. Debe elaborarse un manual de procedimientos y actuar de la policía ante los delitos al transporte de carga, que describa cómo reaccionar ante los hechos delictivos. Así como capacitar, entrenar y llevar a cabo simulacros de la fuerza policial, para tener la mejor estrategia y actuar ante un delito.
Además, incluir y promover el uso de la tecnología para perseguir el delito en tiempo real mediante la comunicación con las aseguradoras y transportistas. E incentivar la denuncia de los delitos, mediante acciones concretas. “En específico, generar la imagen de un estado de derecho sólido mediante la captura de los delincuentes y sanciones ejemplares que desincentive cometer el delito”.
3. Procuración e impartición de justicia. Es de considerar la simplificación de los procesos de denuncia, especialmente del informe policial homologado, para generar un proceso expedito. También proponer otros medios para llevar a cabo la denuncia; a pesar de que el delito ya es de fuero federal, ahora es necesario hacer las diligencias correspondientes en la PGR. Los medios electrónicos y el teléfono han dado resultados positivos en otros países.
Debe promoverse un proceso simplificado y expedito para liberar las unidades que son objeto de investigación, eliminando trabas burocráticas o procesos innecesarios. Definir y establecer una estrategia de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, tanto de manera vertical como horizontal, donde la comunicación sea efectiva y agilice procesos.
E incentivar las propuestas existentes en materia de profesionalización de los ministerios públicos. Además de promover la centralización de capacitación policial, mediante una Academia nacional de policías.
El estudio determina que el sector ya ha empezado a implementar algunas medidas, pero es necesario el involucramiento de los otros agentes en la ecuación, con el objetivo de elaborar una política integral de seguridad para el sector, cuyos beneficios se vean reflejados en un sector más seguro, mayores inversiones y mayor competitividad.
“Al final, los consumidores serían los más beneficiados al no tener que estar asumiendo un sobreprecio por los riesgos que hoy en día significa transportar la mercancía”, indicó el organismo transportista en un comunicado de prensa.
José Refugio Muñoz López, Presidente de la CANACAR señaló que Puebla, Michoacán, Estado de México y Tlaxcala concentran aproximadamente el 75% de los delitos al transporte de carga del país, de acuerdo con el estudio presentado en el Foro Impacto de la seguridad en los diferentes modos de transporte organizado por la Comisión de Seguridad y Prevención del Delito de la Confederación de Cámaras Industriales.
Además, el estudio refirió que los costos directos en los que incurre el sector transportista, sin contabilizar los costos por parte del estado, representan el 7% del Producto Interno Bruto del sector del autotransporte, lo que se traduce en una caída del 0.3% del PIB nacional, un dato que no es nada trivial, se afirmó.
Para estimar el costo de la inseguridad, la firma Consultores Internacionales -encargada de realizar el estudio-, recurrió al modelo de costos, también conocido como modelo contable, donde le fueron asignados varios valores monetarios estimados a cada una de las variables que conforman el modelo.
“El estudio se divide en dos grupos que son costos directos e indirectos, quedando la fórmula Costo de la inseguridad=costos directos + costos indirectos, como la adecuada para llegar al mencionado monto.
Se consideraron como costos directos del transportista, aquellos que absorben los transportistas, como el equipamiento preventivo, los seguros, trámites y las diligencias para recuperar unidades, los deducibles, ingresos que deja de percibir, entre los principales. Mientras que los costos indirectos son aquellos que cuantifican el impacto económico de la inseguridad en otras ramas y sectores, como resultado del encadenamiento productivo existente con el resto de la economía”.
La suma de cada una de las variables resulta en el costo de la inseguridad no solamente en el transporte de carga, sino para el resto de la economía nacional. De hecho, los costos incurridos por la inseguridad en 2017 ascendieron a 92 mil 500 millones de pesos, que representa un 0.5% del PIB nacional.
Al respecto, Mauricio Millán Costabile, Socio de la firma Consultores Internacionales, reveló que son varios los elementos que son detonante para el alza de la inseguridad para esta industria, principalmente la zona, como son los tramos carreteros que conectan a la Ciudad de México con los principales puertos del país, la presencia de grupos de la delincuencia organizada y la entrada del nuevo sistema penal acusatorio.
