El sector agroexportador mexicano entrará a un nuevo paradigma en el que ya no bastará con producir, empacar y mover mercancías con estándares de calidad, inocuidad y oportunidad logística.
El nuevo certificado laboral para la agroexportación y protección de los ecosistemas forestales recién aprobado por el Congreso de la Unión; pretende que cada embarque acredite también el cumplimiento laboral y ambiental de la operación.
El problema que busca atender no es menor. El sector agroexportador convive con empresas altamente capitalizadas, cadenas de frío, contratos internacionales y acceso a mercados premium, pero también con una base laboral donde persisten altos niveles de informalidad, ausencia de seguridad social y prácticas ambientales cuestionadas en cultivos de alto valor, como el aguacate.
Para Luis Patiño, vicepresidente del sector agroindustrial de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) se trata de una corrección estructural para un sector que creció más rápido que sus reglas internas.
“El cambio es realmente profundo. La normatividad va a cambiar las reglas del juego”, afirma a The Logistics World, al explicar que el certificado laboral para la agroexportación no será solo un trámite, sino una forma de reorganizar procesos productivos, laborales y comerciales.
¿Quién estará detrás de la creación del certificado?
Una vez publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tendrá 30 días para emitir las disposiciones generales del certificado laboral.
Asimismo, se prevé que en un lapso de 60 días la dependencia tendrá que desarrollar la plataforma digital mediante la cual se emitirán los certificados.
Ese periodo será clave para definir el alcance real de la medida. Hoy la obligación apunta a empresas agroexportadoras, pero el Vicepresidente de Canacintra anticipa que la reglamentación secundaria podría abrir la discusión sobre aliados de negocio, proveedores de insumos y transportistas, porque la exportación no termina en el surco ni en el empaque.
Exactamente, ¿qué aprobó el Congreso?
La reforma modifica tres ordenamientos. En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se faculta a la STPS para expedir certificaciones conforme a la normativa aplicable.
En la Ley Federal del Trabajo se adiciona el artículo 283 Quáter, que permite expedir un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social.
Los cambios también alcanzan a la Ley de Comercio Exterior. La reforma al artículo 15 incorpora supuestos para establecer medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación cuando se busque prevenir la deforestación, el cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin autorización o atender materias de trabajo y seguridad social.
El nuevo certificado laboral para la agroexportación convierte el cumplimiento laboral en un requisito conectado con el comercio exterior agroalimentario.
En términos prácticos, la empresa agroexportadora deberá acreditar que cumple con obligaciones laborales y de seguridad social para poder sostener su acceso a mercados externos, especialmente en productos sometidos a regulación no arancelaria.
El diagnóstico laboral que acompañó la discusión legislativa explica el sentido de urgencia toda vez que, hasta el primer trimestre de 2025, la informalidad laboral de trabajadores en el sector agrícola alcanzó un 83.3%.
El objetivo inicial, de acuerdo con la STPS, es formalizar a cerca de 200,000 trabajadores agrícolas, de una población total de 2.78 millones de personas que laboran en el sector.
El peso del sector y su crecimiento desigual
El tamaño del sector explica por qué la reforma se vuelve económicamente prioritaria. Al segundo trimestre de 2025 alcanzó 3.27 billones de pesos corrientes, lo que representa el 9.1% del Producto Interno Bruto nacional, según lo expuesto en el dictamen sometido al Legislativo.
“En 1994, cuando se firmó el TLCAN, nadie daba un cacahuate por el sector agroindustrial. No era la apuesta, era la morralla”, recuerda Patiño. Tres décadas después, ese sector se convirtió en una de las plataformas más dinámicas del comercio exterior mexicano.
Pero ese dinamismo no se distribuye de forma homogénea. El líder de Canacintra subraya que el campo mexicano opera como un “mosaico de contradicciones”, donde conviven grandes empresas exportadoras, productores medianos, ejidos, comunidades y minifundios productivos.
Esa atomización explica por qué el impacto de la norma no será igual para todos. “Habrá algunos que logren la formalidad y habrá muchos que no”, advierte.
Empresas tractoras, con bajo impacto
La razón está en la estructura productiva. Las empresas tractoras, concentradas en zonas como Michoacán, Jalisco, el Bajío, el Valle de San Quintín, Sinaloa y Sonora, tienen más capital, mayor acceso a asesoría y una relación más directa con compradores internacionales.
Para ese segmento, el certificado laboral para la agroexportación puede ser absorbido como parte de la evolución natural del negocio.
Patiño considera que las grandes agroexportadoras no tendrán un problema financiero severo para formalizar trabajadores, aunque sí enfrentarán costos por certificaciones, auditorías, documentación, ajustes operativos y seguimiento.
Aguacate, agua y deforestación en el centro del debate
El caso del aguacate concentra la dimensión laboral y ambiental de la reforma. La STPS ha señalado que la primera fase operativa comenzará con empresas agroexportadoras de aguacate y posteriormente se ampliará de forma gradual a otros productos agrícolas de exportación, como berries y fresas.
Patiño lo describe como un caso paradigmático:
La producción aguacatera alrededor de Uruapan -considerada la capital del aguacate- como Morelia, Zitácuaro o Lázaro Cárdenas, hay una fuerte crítica para los productores de aguacate porque se han expandido y tumbado bosques completos para sustituirlos por aguacate.
La presión ambiental no se reduce al cambio de uso de suelo. Patiño apunta al consumo de recursos hídricos y al desequilibrio ecológico que puede generar la sustitución de bosques por huertas.
En su lectura, el beneficio económico inmediato ha desplazado, en algunos casos, una visión de largo plazo sobre el territorio.
La autoridad ambiental ha documentado acciones de clausura por cambio ilegal de uso de suelo para establecer huertas de aguacate en Michoacán, incluso en zonas de influencia de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca.
En octubre de 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó la clausura de un predio de cinco hectáreas por tala ilegal de bosque de coníferas para cultivo de aguacate.
El certificado laboral para la agroexportación, por ello, obliga a cumplir con dos dimensiones. No es solo formalizar trabajadores ni solo demostrar producción libre de deforestación.
“No es una u otra, son las dos”, dice Patiño al explicar que el nuevo estándar combinará cumplimiento laboral, seguridad social, trazabilidad ambiental y prácticas sostenibles.
Los costos operativos que vienen
La implementación traerá costos y nuevos procesos. Las empresas deberán revisar su situación patronal, registros ante el IMSS, contratos, expedientes laborales, procesos de auditoría y evidencia documental.
En paralelo, tendrán que acreditar que su producción no proviene de zonas con deforestación o cambio ilegal de uso de suelo. Patiño observa ahí una carga administrativa y financiera que pesará más sobre las pequeñas unidades productivas del sector agrícola exportador.
“Además de los procedimientos, es el costo financiero que implica”, afirma. En particular, menciona el impacto de las cuotas obrero patronales ante el IMSS y los gastos asociados a certificaciones externas.
El cambio del mercado agroexportador
Sin embargo, también plantea que el mercado ya se movió en esa dirección. La formalidad, la trazabilidad y las prácticas sostenibles dejaron de operar como elementos reputacionales y empezaron a convertirse en condiciones de entrada a mercados de mayor valor.
“Es un requisito comercial, es un requisito que te lleva a los mercados premium”, señala.
La agroindustria ya tiene antecedentes. Patiño recuerda que los procesos de certificación orgánica y de comercio justo han obligado a muchas empresas a revisar prácticas agrícolas, instalaciones, insumos, procesos documentales y auditorías.
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El nuevo certificado laboral para la agroexportación y protección de los ecosistemas forestales seguiría una lógica similar, pero vinculado directamente con la posibilidad de exportar.
El ajuste será más profundo en cultivos donde la reconversión productiva implique modificar insumos, manejo de suelo o prácticas intensivas:
“Estoy pensando en los aguacateros que tendrán que cambiar sus grandes insumos químicos por insumos orgánicos”, afirma Patiño al hablar de los desafíos para alinear productividad, sostenibilidad y cumplimiento.
La posible evasión de la certificación
Patiño no descarta que la complejidad que traerá el certificado laboral puede dar incentivos para reestructurar operaciones en las empresas del sector agroexportador.
Algunas empresas podrían optar por escindir su unidad de comercio exterior, crear comercializadoras exportadoras o comprarse a sí mismas mediante una entidad separada para reducir la carga directa del cumplimiento.
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La figura no es nueva en el comercio exterior. En cadenas agrícolas atomizadas, las comercializadoras suelen concentrar la relación con el comprador internacional, mientras múltiples productores abastecen el producto.
El riesgo, bajo esta reforma, es que esa separación se use para trasladar obligaciones o diluir responsabilidades laborales y ambientales.
“Sí, y lamentablemente es recurrente esa práctica”, reconoce Patiño al ser cuestionado sobre la posibilidad de que algunas compañías busquen evitar la formalización directa de trabajadores.
Trazabilidad de la cadena
La norma, por tanto, tendrá que cuidar no solo el requisito documental, sino la trazabilidad real de la cadena productiva.
El punto de fondo es cómo se reparte el valor en la cadena de suministro en el sector agroexportador.
Si el cumplimiento queda concentrado en un solo eslabón, las empresas con menor margen podrían quedar presionadas, mientras los compradores o integradores capturan la mayor parte de la rentabilidad.
“Hay que entender que nuestro proveedor es nuestro aliado, que el consumidor no es el enemigo al cual hay que sacarle toda ganancia posible. Se trata de distribuir -de manera proporcional- las utilidades a lo largo de la cadena de suministros”, dice Patiño.
La preparación ante la reglamentación
El siguiente paso de la Certificación laboral para el sector agroexportador dependerá de la publicación del decreto en el DOF y de las disposiciones generales que emita la STPS.
El régimen transitorio aprobado por el Congreso establece que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación -lo que hasta este lunes no había sucedido- y que la Secretaría tendrá 30 días para determinar los procedimientos del certificado.
La operación digital será otro componente crítico. La STPS ha adelantado que el certificado laboral se tramitará en línea y que la plataforma permitirá verificar el cumplimiento de obligaciones de seguridad social, con un programa piloto inicial para aguacate.
Para las empresas del sector agroexportador, el mensaje inmediato es preparar expedientes, mapear trabajadores, revisar altas patronales, documentar proveedores y anticipar auditorías.
Para la logística agroalimentaria, el mensaje es más amplio, porque el embarque exportador depende de productores, empacadoras, comercializadoras, transportistas, operadores de frío y agentes de comercio exterior.
Patiño considera que la obligación de obtener esta Certificación podría extenderse, formal o comercialmente, a otros actores.
“La norma, de momento, solo está dirigida a empresas agroexportadoras limitándose a la parte medioambiental y laboral, pero el debate más lo que falte en la regulación, nos puede dar más cosas”, sostiene.
Ese posible efecto en cadena importa para transportistas y proveedores logísticos. Aunque hoy no sean el sujeto principal de la reforma, participan en el eslabón que conecta producción, empaque, cruce fronterizo y cliente internacional.
En un mercado donde la trazabilidad ya no solo mide temperatura, ruta o inventario, también empezará a medir responsabilidad laboral y ambiental.
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