Preocupaciones por la reforma al Poder Judicial frente a la revisión del T-MEC en 2026

Algunas de las posibles consecuencias de la eventual aprobación de la reforma al Poder Judicial en México están relacionadas con los tratados internacionales, incluyendo el T-MEC. Este tratado comercial con Estados Unidos y Canadá tendrá su primera revisión en julio de 2026.

La cláusula sunset establece que en este primer paso los países pueden decidir extender la vigencia del tratado por 6 años extra, hasta 2042. Si esto no sucede, se llevarán a cabo revisiones anuales hasta que se cumpla la vigencia original, en 2036.

Pero ¿cuál es el panorama que México tiene delante en el caso que una reforma como la planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta entrante Claudia Sheinbaum sea aprobada tal y como está? ¿a qué retos se enfrentaría el país respecto a sus compromisos internacionales?

"Uno de los elementos que sin duda serán un reto es el estado de derecho, es decir, garantizar la certidumbre jurídica en nuestro país y por supuesto con nuestros socios comerciales", explicó Kenneth Smith, experto en comercio internacional.

Quien fue Jefe de la Negociación Técnica de México para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) señala que si el objetivo es trabajar con Estados Unidos y Canadá en una política regional para atraer inversión en los "sectores del futuro", lo que no debería suceder es generar dudas sobre la certidumbre jurídica frente a los acuerdos comerciales.

"Yo diría que obviamente el acceso, energía, inversión en infraestructura, desarrollo regional del sur-sureste, talento, todo eso es esencial. Pero el estado de derecho es de verdad un pilar para dar confianza, al crecimiento futuro que puede tener nuestro país",

abundó durante la 3a Convención Binacional de la American Society.

La importancia del Estado de Derecho para el T-MEC

Uno de los argumentos frente a esta importante reforma al Poder Judicial es que no tendría por qué haber preocupación si en el T-MEC no existe nada que impida a México cambiar sus leyes y tampoco se describe cómo tendría que ser el sistema judicial.

"Pero sí, a lo largo de muchos capítulos hay compromisos que detrás tienen la garantía del Estado de Derecho, de que las reglas se van a respetar y que los inversionistas tendrán certidumbre", afirma Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior mexicano.

La otra preocupación, para el experto, está relacionada con las otras iniciativas para la desaparición de organismos autónomos y que, cuando no desaparecen, pasen a ser parte del Estado.

En el tratado existe una presunción de que pueda existir independencia, que no habrá conflictos de interés, etc. cosa que no se plantea en la reforma. Mas bien sugiere, apunta el asesor, que el Estado será juez y parte.

Por su parte, Kenneth Smith recuerda que en los capítulos de Competencia y Telecomunicaciones se hace mención específica a la COFECE (Comisión Federal de Competencia Económica) y al IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones), estableciéndose que los países se comprometen a mantener sus autoridades de competencia desde el puto de vista jurídico.

Para el IFT se establece que tiene que haber imparcialidad por parte del regulador de telecomunicaciones y que este organismo debe estar separado del Poder Judicial.

"Esto quiere decir que si tú le reduces el presupuesto, lo incorporas como parte del Poder Ejecutivo, le restas funciones o en su accionar ya no cumple como debe de cumplir con las funciones establecidas en la ley, ya estás en falta", explica.

Ante la pregunta sobre cuáles serían las consecuencias de entrar en alguna falta, el experto afirma que los socios comerciales pueden solicitar consultas señalando que hay una violación a los acuerdos, todo esto con la posibilidad de llegar a paneles arbitrales.

Señala que en el capítulo 29 los países involucrados se comprometen a una serie de reglas comerciales pero también a tener el marco institucional que te permita cumplir con esos compromisos "y señala que cualquier acto de gobierno que pudiera afectar los compromisos del Tratado puede ser revisado por tribunales imparciales y procesos judiciales que estén separadas del Poder Ejecutivo y de las autoridades que tomaron las decisiones que afectan el acuerdo".

Esta es una de las partes que provocaron una de las preocupaciones más fuertes por parte del gobierno de Estados Unidos. Se trata de un tema sistémico que, de no ser atenuado con leyes secundarias, podría "afectar el paraguas del tratado".

¿Injerencia o afectaciones por los compromisos?

En este sentido, los expertos internacionalistas consideraron que no se puede hablar de injerencia por parte de otro país en los asuntos de México cuando se señala que una política con cambio constitucional puede afectar los compromisos de un tratado.

"Nosotros lo hemos hecho en diversas ocasiones. Cuando cambios a leyes en Estados Unidos y Canadá pueden afectar nuestros intereses comerciales, México puso los casos sobre la mesa. No fuimos acusados de ser injerencistas",

señala Kenneth Smith.

El socio de AGON señala que una forma de tranquilizar al sector privado ha sido afirmar que todos los cambios planteados por la reforma se van a atenuar con leyes secundarias pero si eso no sucediera y se quedara como está planteada hasta el momento, la preocupación e incertidumbre aumentaría mucho más.

"No se trata de un tema de que me prohibiste que mi cargamento de maíz pudiera entrar en México. A lo mejor llegaría a un panel de solución de disputas y lo resolvemos ahí. Este es un tema sistémico, tiene que ver con la confianza que va a haber de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá y los demás países, porque ahí viene la Unión Europea y los países del TPP (Tratado de Asociación Transpacífico), Alianza Pacífico. Obviamente con las mismas preocupaciones", explica.

Tanto a nivel nacional como internacional, calificadoras y bancos han detectado ciertos riesgos y posibles consecuencias que, entre otras cosas, impactarían en el perfil y la calificación de México.

• En conjunto se apunta, con distintas posturas, una afectación al desarrollo de la economía mexicana, la llegada de inversiones y en general al nearshoring.

Por su parte, la titular de la siguiente administración ha afirmado que esta reforma no representa un riesgo para las inversiones argumentando que son los propios inversionistas quienes conocen el nivel de corrupción que existe.

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