¿Cuál es la equivalencia de componentes estadounidenses en los autos del T-MEC?

Aunque el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) establece reglas de origen regionales, el presidente estadounidense Donald Trump ahora prioriza el contenido exclusivamente estadounidense.

Las nuevas reglas del juego, según Trump

Trump firmó el 26 de marzo una orden ejecutiva que impone un arancel del 25% a vehículos y autopartes importados a EEUU no fabricados en territorio estadounidense.

La medida, que entra en vigor este 3 de abril para automóviles y el próximo 3 de mayo para autopartes, busca priorizar la producción nacional y reducir la dependencia de insumos extranjeros, según la Casa Blanca.

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La orden se basa en un argumento de seguridad nacional, alegando que las importaciones masivas debilitan la industria automotriz estadounidense y exponen vulnerabilidades en cadenas de suministro globales, agravadas por la pandemia de Covid-19.

Aunque el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) establece reglas de origen regionales, Trump prioriza ahora el contenido exclusivamente estadounidense.

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En principio, la medida no es un gravamen que vaya a aplicarse de manera estricta y sin concesiones. Según la orden ejecutiva, los vehículos que cumplan con el T-MEC podrán excluir el valor del contenido estadounidense del cálculo del arancel.

Se explica que si un auto tiene 40% de componentes fabricados en EEUU –cifra promedio según Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA)–, el arancel se aplicará sólo al 60% restante, reduciendo la tasa efectiva al 15%.

El proceso está por definir

De acuerdo con lo que puede leerse en la cláusula 4 del decreto presidencial, las autopartes individuales bajo el T-MEC están exentas temporalmente, hasta que Estados Unidos defina un proceso para gravar su contenido no estadounidense.

La cláusula quinta precisa que esta exención no aplica a los kits de ensamblaje ni a compilaciones de partes, sino únicamente a autopartes individuales.

Para acceder a estas exenciones, las armadoras deben certificar el origen de cada componente mediante facturas, registros de producción y documentos que demuestren que las partes fueron “obtenidas en su totalidad, producidas en su totalidad o transformadas sustancialmente en los Estados Unidos”.

Se precisa que la verificación recaerá en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), aunque aún no se han publicado los protocolos detallados.

Reto directo al T-MEC

Varios actores y especialistas en el tema coinciden en que la medida viola el espíritu del T-MEC, añade burocratismo nocivo y beneficia sólo a la industria estadounidense, a costa de inflación y desintegración productiva.

Por ejemplo, Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía y uno de los arquitectos del actual T-MEC, calificó la medida como una “violación flagrante”. “Trump cambia de una regla de integración regional a una de origen nacional, algo que no existe en ningún tratado de libre comercio. Si un componente se hizo en México con 80% de partes locales, EEUU le cobrará 25% sólo por no ser estadounidense, aunque cumpla con el T-MEC”, explica.

Odracir Barquera, Director de la AMIA destacó la dificultad técnica: “Será difícil calcular el efecto real de la exención. ¿Cómo valuar componentes que cruzan fronteras múltiples veces?”

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El presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Francisco González, dijo que es un “enredo muy complicado porque hasta que no pase la orden ejecutiva (Donald Trump), los cambios que se vayan a implementar no quedan totalmente claros”.

 “Un vehículo que se produce en México, que se exporta a Estados Unidos, tiene el 74% de contenido de piezas de Estados Unidos de lo importado, que en la mezcla con el valor de México nos da 30%. El resto, de acuerdo con su discurso y su comunicado tendría arancel”, comentó.

Así pues, mientras el T-MEC exige 75% de contenido regional (de Norteamérica) para evitar aranceles, la nueva norma de Trump prioriza el contenido específicamente estadounidense. Esto deja a las armadoras asentadas en México lejos de la meta establecida en la orden ejecutiva.

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La decisión de Donald Trump es de carácter unilateral. Hace a un lado las reglas de origen de contenido regional, rompiendo con el espíritu integrador del tratado. México podría invocar el inicio de un mecanismo de solución de controversias, al amparo del Capítulo 31, como ya ocurrió entre 2021 y 2023 en un proceso que dio la razón a México.

Certificaciones fragmentadas

Resulta contradictorio que Estados Unidos exija mayor contenido nacional, mientras automotrices como Ford y General Motors dependen de insumos mexicanos para el 40% de sus operaciones.

Por lo que hace a la certificación, hoy no existen protocolos claros para verificar el contenido estadounidense, lo que podría retrasar exportaciones y aumentar disputas aduanales.

Además, de acuerdo con la cláusula 7 del decreto, Estados Unidos se otorga la licencia de añadir más autopartes a la lista de gravables sin consultar a México o Canadá, creando incertidumbre a largo plazo.

Las armadoras en territorio mexicano deberán prepararse para un nuevo esquema de producción que ya no dependerá de cadenas regionales, sino de certificaciones fragmentadas.

La industria automotriz representa 4% del PIB nacional y 20.5% del PIB manufacturero, con exportaciones récord de 193 mil 907 millones de dólares en 2024. Según la OCDE, 18% de las ventas de autos en Estados Unidos son de origen mexicano. Un escenario prolongado de aranceles podría derivar en pérdidas de hasta 200 mil empleos.

El 2 de abril, Donald Trump anunciará públicamente cómo procederá con la aplicación generalizada de aranceles a todos los países con los que tiene relaciones comerciales y no se descarta que incluya sectores no considerados hasta el momento.