La economía circular en México no se definirá únicamente en plantas de reciclaje, líneas de producción o centros de distribución. Su primer punto de tensión está en la calle, donde acopiadores de barrio, depósitos y micro unidades recolectoras conectan hogares, comercios y consumidores con cadenas formales de reciclaje.
Ese primer eslabón concentra buena parte del reto operativo. Sin una red amplia de recolección, separación y acopio, los materiales valorizables difícilmente llegan con volumen, calidad y trazabilidad suficientes para reincorporarse a procesos industriales.
La Ley General de Economía Circular aprobada a finales de 2025, abre una ruta para ordenar esa base. El marco incorpora conceptos como responsabilidad extendida del productor, reciclaje inclusivo, gestión circular y materia prima secundaria, con implicaciones para fabricantes, importadores, operadores logísticos, recicladores, acopiadores y empresas consumidoras de materiales reciclados.
Para las empresas con procesos de logística inversa, el cambio no es menor. La recuperación de residuos deja de ser una actividad periférica y comienza a convertirse en una extensión de la cadena de suministro, con exigencias de trazabilidad, cumplimiento, financiamiento y coordinación territorial.
La base de un sistema logístico
Franco Fernández, director general de Alianzas y Proyectos Estratégicos para la Economía Circular de Semarnat, ubicó a los recicladores de base y acopiadores como parte de un “sistema logístico”.
El problema, advirtió, es que en su mayoría ese sistema opera en la informalidad y no siempre responde a las necesidades de una política pública circular.
La formalización aparece como una condición para escalar, pero también como un reto delicado. Los puntos de acopio tienen una ventaja que muchas cadenas industriales no pueden replicar con facilidad: están cerca del consumidor y del lugar donde se genera el residuo.
“Al principio cuando se les presentó la Ley, se sentían fuera del modelo. Después de pláticas y adecuaciones en la legislación -y eventualmente, al reglamento- se logró transmitir que son una pieza fundamental en la creación del nuevo modelo económico”, explicó Fernández.
El funcionario añadió que el nuevo marco puede abrir una vía de incorporación gradual. “Con la Ley y el Reglamento en Economía Circular se empezarán a formalizar. Van a formar parte de la economía formal”.
Un tratamiento fiscal para el primer eslabón
Esa formalización requiere instrumentos acordes con la operación real de los acopiadores. Carlos Mendieta Zerón, director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de PetStar, planteó la necesidad de una figura fiscal específica para las unidades económicas dedicadas a la recolección.
“Necesitamos que desde el SAT exista una figura específica para las unidades económicas que dan ese servicio (de recolección) y que sea más fácil llevarlos a la economía formal”, apuntó.
El planteamiento responde a la forma en que opera la recuperación de materiales. PetStar trabaja con pequeños y micro centros de acopio que reciben material de recuperadores urbanos, pepenadores y ciudadanos que venden botellas de PET de manera ocasional.
Hoy, estima Mendieta, “cerca del 50% del volumen que llega a las unidades de recolección son de personas que no se dedican a la recuperación de residuos, ni parcial, ni de tiempo completo”.
Financiar al proveedor circular
Formalizar no resolverá por sí sola la escalabilidad. Para Mendieta, los micro y pequeños puntos de acopio necesitan mecanismos financieros que les permitan vincularse con la industria formal del reciclaje.
La propuesta contempla recursos de organismos internacionales, gobierno y empresas para reforzar la logística que conecta oferta y demanda. En términos operativos, eso puede significar básculas, transporte, almacenamiento, digitalización, trazabilidad y capital de trabajo.
En una mesa de diálogo sobre economía circular, convocada por Semarnat con empresas de sectores como plástico, alimentos, bebidas y gestión de envases, también se planteó que la Ley General de Economía Circular puede alinear mejor a quienes participan en la cadena.
“Hay muchos participantes en la industria que están fuera de lo que las regulaciones nos establecen. Es necesario que todos trabajemos bajo las mismas reglas y el mismo compromiso”, comentó Montserrat Ramírez, directora de Operaciones de ECOCE, creada por la industria mexicana de alimentos y bebidas.
Certeza jurídica y reciclaje hecho en México
La certeza jurídica también debe llegar al territorio. Mendieta advirtió que los depósitos requieren permisos homologados por entidad para reducir discrecionalidad, extorsiones y vacíos locales que limitan la operación de micro y pequeñas unidades de acopio.
“Con eso podemos apostar a la escalabilidad de la economía circular”, mencionó. El punto es relevante porque estos espacios funcionan como proveedores logísticos de primer contacto para la industria recicladora y para la población.
La protección de la capacidad instalada nacional es otro eje del debate. La definición de tasas graduales y contenido reciclado hecho en México puede dar certidumbre a nuevas inversiones y reducir riesgos frente a prácticas desleales de productos importados.
Ese enfoque dialoga con el Plan México, que busca elevar contenido nacional y regional, sustituir importaciones, fortalecer el programa Hecho en México, incrementar proveeduría local de mayor valor y promover inversiones con criterios ambientales, sociales y de gobernanza.
PetStar y la capacidad instalada nacional
PetStar representa uno de los modelos más visibles de reciclaje botella a botella en México. La compañía forma parte de la Industria Mexicana de Coca-Cola y tiene como accionistas a Arca Continental, Coca-Cola de México, Bepensa Bebidas, Corporación del Fuerte, Corporación RICA, Grupo Embotellador Nayar y Embotelladora de Colima.
Su operación depende de una red de acopio que conecta recuperación social, logística inversa, reciclaje industrial y producción de resina reciclada grado alimenticio. Por eso, la regularización de pequeños proveedores no solo tiene efectos sociales, sino también industriales.
La expansión reciente de PetStar elevó su capacidad anual de resina reciclada grado alimenticio de 50,000 a 86,000 toneladas, con una inversión de 2,626 millones de pesos. Ese dato muestra por qué la certeza regulatoria puede traducirse en inversiones de largo plazo.
Para que esa infraestructura crezca, la cadena necesita oferta estable de materiales, reglas claras, permisos homologados y una política que privilegie el reciclaje nacional cuando cumpla con estándares ambientales y de calidad.
La industria alimentaria pide flexibilidad
El reto cambia cuando se observa desde la industria alimentaria. Para Grupo Herdez, una de las claves para escalar la economía circular está en eliminar fricciones que impiden reincorporar materiales reciclados a procesos productivos.
Andrea Amozurrutia, directora de Finanzas y Sostenibilidad de Grupo Herdez, señaló que la compañía enfrenta restricciones legales para reutilizar materiales reciclados que han estado en contacto con alimentos.
“Eso ayudaría a liberar escala en la industria para que más gente (empresas) quieran hacerlo y para que más gente desee comprarlo”, comentó.
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Puntualmente, se inclina por realizar adecuaciones legales que permitan a la industria reutilizar materiales reciclados que han estado en contacto con alimentos.
“Hay países con regulaciones más flexibles… Siento que la Ley es muy rígida y siento que podríamos flexibilizarnos sin poner en riesgo la salud de los consumidores”, externó.
Del PET al vidrio y sus límites ambientales
Nestlé México lleva la conversación hacia el vidrio. La compañía impulsa una iniciativa para escalar su recuperación mediante un Comité Nacional de Vidrio que concentre esfuerzos sectoriales, como ocurrió antes con el PET, según Carlos Becerra, gerente de Creación de Valor Compartido de la empresa suiza.
El vidrio también es relevante para Grupo Herdez, especialmente en categorías como mayonesa. Sin embargo, la recuperación de este material exige revisar más que la tasa de reciclaje. También requiere medir agua, energía, emisiones y viabilidad logística.
“Si nos ponemos a pensar cuántos litros de agua necesita cada uno de esos envases para poderlo reintegrar a la cadena, probablemente nadie quiera reciclarlo”, explicó Amozurrutia. La advertencia, incluso, es pertinente para cualquier estrategia circular.
Innovar sin trasladar el costo climático
La innovación será el factor que defina qué iniciativas pueden escalar. No bastará con recolectar más residuos si el modelo aumenta consumo de agua, emisiones, costos logísticos o complejidad regulatoria para empresas y proveedores.
La Ley General de Economía Circular incorpora una lógica de gradualidad y responsabilidad extendida del productor. Para la industria, eso implica revisar diseño, abastecimiento, distribución, recuperación, tratamiento y reincorporación de materiales desde el origen.
Amozurrutia resumió el riesgo de perder el enfoque sostenible. “No se valdría solucionar el tema de economía circular cuando no tenemos agua o estamos incrementando la cantidad de emisiones”, dijo.
El desafío para México será ordenar el primer eslabón sin excluirlo, financiar al proveedor circular, proteger la capacidad instalada nacional y flexibilizar la regulación donde exista evidencia técnica.
Solo así la economía circular podrá pasar de proyectos destacados a una red escalable de logística inversa, manufactura y consumo responsable.













