El juez Marcelo Aguinsky dispuso que la indagatoria ordenada por el suspendido magistrado Guillermo Tiscornia a la ministra de Defensa, Nilda Garré debe quedar sin efecto, porque de lo contrario tendría que ordenar su detención por la gravedad del delito que se le imputa.
"Se decide dejar sin efecto, por el momento, y no se dispone su mera suspensión, en virtud de que la postergación sin plazo cierto de la citación resultaría agraviante para el derecho de defensa en juicio", sostuvo el juez en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.com.
La decisión fue adoptada porque el delito de contrabando por el que está imputada Garré establece una pena de hasta 12 años de prisión, lo que podría implicar "una restricción a la libertad" de la acusada durante el proceso, según dijo el juez en la resolución.
"Considero necesario y pertinente estar a la producción de aquellas medidas de prueba que resulten de cargo para sostener, en grado de suficiente sospecha, la imputación referida", sostuvo el juez.
De todas maneras, Garré continuará bajo investigación, ya que el juez ordenó diversas medidas de prueba en el marco de la investigación sobre el contrabando de fusiles FAL a los Estados Unidos.
El juez libró exhorto a los EEUU para que informe a través de las autoridades correspondientes sobre la documentación relacionada con el contrabando investigado en la causa, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.com.
En ese sentido, solicitió al país del norte que "haga saber, a través de la autoridad aduanera o judicial que correponda, que documentación suplementaria provista por el exportador argentino es exigida para la importación de armazones y caños de fusiles FAL y si en los casos investigados se cumplió con tales requisitos", según dice la
resolución.
También dispuso librar oficio a la Aduana para que informe el precio internacional del material bélico similar al que constituye el objeto de la causa de Aguinsky.
En la misma resolución ordenó investigar las transferencias de dinero de la firma JLD Enterprises INC, empresa de un argentino, José Luis Díaz, a la que iba dirigido el embarque.
Además se dispuso librar oficio a Fabricaciones Militares para que informe en el término de 10 días, qué mecanismos se establecen de manera previa a la fijación del precio de la mercadería en cuestión, o en su caso, cuál es el procedimiento a seguir para evaluar el real valor del material a exportar.
Finalmente libró oficio al Ministerio de Defensa, organismo que debe autorizar las exportaciones originadas en Fabricaciones Militares, solicitando que informe cuál es el procedimiento establecido para evaluar el real valor del material a exportar y si se formula una consulta de valor en forma previa a avalar la operación.
La investigación contra Garré se inició en febrero pasado, cuando la Aduana frenó un embarque sospechoso de 6700 kilogramos de partes de fusiles que iban a venderse por sólo 2600 dólares a la empresa de un argentino radicado en los EEUU.
En la causa también están imputados del mismo delito el ex interventor en la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) Marcelo Bellesi, el funcionario de la DGFM Arturo Huergo, la despachante de aduana Laura Andolfi e integrantes de la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y de Material Bélico. Las indagatorias de Bellesi, Huergo y Andolfi, que también habían sido ordenadas por Tiscornia fueron dejadas sin efecto.
"Se decide dejar sin efecto, por el momento, y no se dispone su mera suspensión, en virtud de que la postergación sin plazo cierto de la citación resultaría agraviante para el derecho de defensa en juicio", sostuvo el juez en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.com.
La decisión fue adoptada porque el delito de contrabando por el que está imputada Garré establece una pena de hasta 12 años de prisión, lo que podría implicar "una restricción a la libertad" de la acusada durante el proceso, según dijo el juez en la resolución.
"Considero necesario y pertinente estar a la producción de aquellas medidas de prueba que resulten de cargo para sostener, en grado de suficiente sospecha, la imputación referida", sostuvo el juez.
De todas maneras, Garré continuará bajo investigación, ya que el juez ordenó diversas medidas de prueba en el marco de la investigación sobre el contrabando de fusiles FAL a los Estados Unidos.
El juez libró exhorto a los EEUU para que informe a través de las autoridades correspondientes sobre la documentación relacionada con el contrabando investigado en la causa, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.com.
En ese sentido, solicitió al país del norte que "haga saber, a través de la autoridad aduanera o judicial que correponda, que documentación suplementaria provista por el exportador argentino es exigida para la importación de armazones y caños de fusiles FAL y si en los casos investigados se cumplió con tales requisitos", según dice la
resolución.
También dispuso librar oficio a la Aduana para que informe el precio internacional del material bélico similar al que constituye el objeto de la causa de Aguinsky.
En la misma resolución ordenó investigar las transferencias de dinero de la firma JLD Enterprises INC, empresa de un argentino, José Luis Díaz, a la que iba dirigido el embarque.
Además se dispuso librar oficio a Fabricaciones Militares para que informe en el término de 10 días, qué mecanismos se establecen de manera previa a la fijación del precio de la mercadería en cuestión, o en su caso, cuál es el procedimiento a seguir para evaluar el real valor del material a exportar.
Finalmente libró oficio al Ministerio de Defensa, organismo que debe autorizar las exportaciones originadas en Fabricaciones Militares, solicitando que informe cuál es el procedimiento establecido para evaluar el real valor del material a exportar y si se formula una consulta de valor en forma previa a avalar la operación.
La investigación contra Garré se inició en febrero pasado, cuando la Aduana frenó un embarque sospechoso de 6700 kilogramos de partes de fusiles que iban a venderse por sólo 2600 dólares a la empresa de un argentino radicado en los EEUU.
En la causa también están imputados del mismo delito el ex interventor en la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) Marcelo Bellesi, el funcionario de la DGFM Arturo Huergo, la despachante de aduana Laura Andolfi e integrantes de la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y de Material Bélico. Las indagatorias de Bellesi, Huergo y Andolfi, que también habían sido ordenadas por Tiscornia fueron dejadas sin efecto.
