La revisión del T-MEC ha motivado ajustes legales que han trastocado la operación del comercio exterior en México, aumentando la presión en las cadenas de suministro y la incertidumbre en el ambiente de negocios que genera, por sí mismo, el proceso de revisión al acuerdo comercial.
Los ajustes a la Ley Aduanera y el aumento de aranceles de importación a 1,463 fracciones arancelarias a países con los que México no tiene tratado comercial; son ejemplos de los cambios regulatorios que se han impulsado desde el gobierno federal avalados por el Congreso de la Unión.
Alerta de Spoiler: esto no está ni cerca de terminar. La agenda legislativa 2026 considera la discusión de leyes y reglamentos que impactarán la operación de las empresas y que se insertarán en el tablero de cambios que pretenden dar mayor solidez institucional a país de cara a la revisión del T-MEC.
Extraoficialmente, puede haber otro paquete de temas arancelarios a países con los que México no tiene tratado como China
Ileana Aurioles, directora de Keyword
El año de la reconfiguración para los negocios
La reconfiguración institucional que se prevé en la agenda legislativa tiene como punto de partida el hecho de que el partido Morena tiene una mayoría en el Congreso de la Unión que le ha permitido realizar cambios que impactan al sector empresarial.
“2026 no lo vemos como un año de estabilidad regulatoria, sino que será como un año de reconfiguración en los negocios”, comentó en un webinar convocado por la Cámara de Comercio y Tecnología México-China.
Recientemente el bloque del partido gubernamental en el Congreso se ha polarizado debido a la próxima Reforma Electoral, atrapando en el camino la discusión de reformas como la reducción de la semana laboral a 40 horas hacia 2030 y otras más que darán solidezal entramado institucional hacia la revisión del T-MEC.
Continuidad del T-MEC, ¿el Santo Grial de la estabilidad?
Los nuevos estándares laborales es uno de los principales temas para la operación de las organizaciones ante la revisión del T-MEC. Al menos así lo considera 35% de los altos directivos consultados por la consultora KPMG en su encuesta 2026 sobre las Perspectivas de la Alta Dirección en México.
Otros factores son la entrada en vigor de nuevas barreras arancelarias, con el 30% de los encuestados, y los ajustes a las reglas de origen, con 19 por ciento.
La directora de la consultora especializada en asuntos públicos y estrategia política augura que la incertidumbre que genera en las empresas la revisión del acuerdo trilateral incrementará conforme aumente la presión hacia el 1 de julio.
En días previos se dio a conocer que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump no descarta que su país pueda salir del acuerdo comercial, según un reporte de Bloomberg. Citando a personas familiarizadas con el tema indica que el mandatario habría consultado a su equipo por qué no debería retirarse del T-MEC, aunque directamente no señaló que lo hará.
En tanto, Jamieson Greer, de la oficina de Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) comentó que aprobar de forma automática los términos del acuerdo alcanzado en 2019 no responde al interés nacional y que Washington conversará por separado con México y con Canadá.
La revisión, según Ileana Aurioles, ha implicado negociaciones a nivel político y presiones por parte Estados Unidos sobre temas como el energético y el laboral, por mencionar algunos.
El impacto electoral en la agenda legislativa
Esto se adereza por el proceso rumbo a las elecciones intermedias de 2027 cuando está prevista la renovación de la Cámara de Diputados, de 17 gubernaturas y de 31 congresos locales, además de que se prevé una segunda elección del Poder Judicial y una aprobable consulta popular sobre Revocación de Mandato.
Aurioles Rubio remarca que el inicio del proceso electoral en septiembre y la reforma en ese rubro, puede derivar en polarización o retraso en las decisiones legislativas. “Muchas de las reformas e iniciativas están pensadas en llegar a la revisión del T-MEC y también son de la propia agenda del Ejecutivo federal”, señaló.
La agenda legislativa 2026
La agenda legislativa y la del Ejecutivo traen temas como la implementación de reglas que estimulen la inversión y el desarrollo tecnológico, la reducción de jornada laboral, reformas penales para impulsar la seguridad y la justicia, anticorrupción y gobernabilidad política con la reforma electoral.
El Congreso de la Unión celebra el periodo ordinario de sesiones del 1 de febrero y hasta el 30 de abril, periodo en el que se tendrán que desahogar varias iniciativas y reglamentos o leyes secundarias.
De acuerdo con Keyword estos son los temas e iniciativas que permearán en la agenda legislativa 2026:
- Reforma laboral: reducción de jornada laboral a 40 horas
- Productividad y competitividad: Nearshoring como política de Estado
- Plan Nacional Anticorrupción (ruta de reforma)
- Reforma al Código Penal Federal contra los delitos ambientales
- Reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFDO)
- Reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial: transferencia de tecnología y patentes
- Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
- Reforma Electoral (Baja probabilidad de concretarse)
- La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGI) – residuos peligrosos
- Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC): Garantías digitales
- Carbono azul: Ley General de Cambio Climático
Cambios legislativos pro-revisión del T-MEC y/o que impactarán a la logística
Pero ¿cuáles son las propuestas más importantes que impactan en el fortalecimiento institucional que dará mayor solidez institucional de cara a la revisión del T-MEC?
1) Reforma Laboral: Semana laboral de 40 horas
Aprobada por el Senado y en vísperas de ser analizada por la Cámara de Diputados, la reducción gradual de la semana laboral de 40 horas hacia 2030 no considera disminución de salarios y regula el ‘tiempo extra’.
Considera como máximo 12 horas de tiempo extra pagadas al 100% y 200% si excede el límite. Los menores de 18 años no podrán incurrir en jornadas extraordinaria.
La discusión de las ‘horas extras’ abre la puerta a que se siga trabajando bajo los mismos esquemas de siempre y que también pueda tener efectos fiscales de los que no se han hablado propiamente", dijo Ileana Aurioles.
La reforma implica impactos estratégicos para el sector empresarial con un alza en costos laborales, reconfiguración de procesos productivos y una presión para incorporar mayor digitalización y automatización de tareas. Algunas empresas tendrán que considerar dobles turnos o contratar un segundo turno para cubrir la operación de un día completo, mientras que la automatización da pie a prescindir de talento.
2) Ley para impulsar el Nearshoring
Plantea la ratificación por la Cámara de Diputados de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional.
La reforma tiene como objetivo consolidar la relocalización de empresas y la prosperidad compartida, según información disponible en el Senado de la República que en diciembre aprobó reformar el artículo 8 de la Ley con el cual se establece una política nacional de fomento económico.
El objetivo generar e impulsar políticas públicas encaminadas a fortalecer la relocalización de empresas extranjeras, acorde con la estrategia de desarrollo económico equitativo y sustentable para la prosperidad compartida.
“Creemos que tendrá un empuje importante durante los primeros meses del periodo ordinario debido a la relación con la agenda del Ejecutivo y el Plan México”, señaló.
3) Reforzamiento del Plan Nacional Anticorrupción
El objetivo es reconfigurar el Sistema Nacional de Anticorrupción (SNA) con ajustes constitucionales en fiscalización, delimitación de responsabilidad del órgano rector y “el funcionamiento del fuero que la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado como muy relevante”.
La iniciativa se concibe como un proceso de reformas orientado a reconfigurar el SNA mediante ajustes constitucionales y legales que, entre otras cosas, definirán responsabilidades, fuero y funcionamiento de los órganos de control del Estado.
"Es una iniciativa que no se ha presentado. Se empezó a trabajar o avanzar en el análisis en la Cámara de Diputados a través de foros y de parlamentos abiertos liderados por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena... La presidenta Claudia Sheinbaum ya anunció que enviará la propia al Congreso” señaló.
Para el sector empresarial, la reforma puede acarrear más fiscalización y escrutinio para contrataciones públicas, mayor compliance y sanciones más severas que se suman a un entorno de mayor fiscalización para evitar la evasión.
Entre la absorción de carbono y la logística portuaria
Entre las iniciativas que tienen menor probabilidad de ser atendidas en la presente agenda legislativa pero que impactan a las actividades logísticas están las Leyes de Carbono azul y la de Residuos peligrosos.
El primero propone incorporar un nuevo Capítulo a la Ley General de Cambio Climático para reconocer y regular ecosistemas portuarios y costeros -humedales y manglares- como zonas de absorción de carbono, integrándolos a instrumentos de política climática y ambiental del Estado.
“Implica una regulación más estricta para la conservación del medio ambiente y que puede trascender a proyectos de infraestructura portuaria y a proyectos de energía”, destacó Ana Juárez, especialista de Keyword.
La recolección de residuos
Finalmente se encuentra una reforma en materia de residuos peligrosos, propuesta por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aliado estratégico del partido en el gobierno.
Se trata de una reforma al artículo 42 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los residuos (LGPGIR) que busca reforzar las obligaciones de los generadores de residuos peligrosos.
Este cambio exigiría el uso de servicios autorizados y la implementación de esquemas y recolección en puntos de venta para ciertos productos como pilas o baterías, bajo responsabilidad del generador, lo que se traduce en esquemas de logística inversa.
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