Jornada laboral de 40 horas y la industria logística: Rediseñar turnos, rutas y procesos operativos

En el marco del Día Internacional del Trabajo, en conferencia de prensa desde Palacio Nacional la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el inicio de las mesas de diálogo para la implementación de la jornada laboral de 40 horas.

La mandataria explicó que esta reducción no se puede implementar de un día a otro, por lo que lo más importante es ver cómo se hará y que se logre un acuerdo que permita mejores condiciones para los trabajadores.

El objetivo es que las empresas comiencen con un proceso para reducir la semana laboral de manera gradual hasta llegar a las 40 horas en 2030.

Por su parte, el secretario de Trabajo, Marath Bolaños, explicó que este debate incluirá a empresarios, sindicatos y trabajadores. Agregó que reducir las horas de trabajo no disminuye la productividad ni reduce el valor general.

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Desde que se comenzó a hablar de esta propuesta, años atrás, las cámaras de representación patronal y de las empresas de los distintos sectores pusieron sobre la mesa una serie de retos y desafíos que se deben tomar en cuenta para que los procesos no resulten afectados.

La industria logística, por ejemplo, es una de las más sensibles al tiempo y a la eficiencia operativa, por lo que este este cambio podría tener implicaciones significativas tanto en el corto como en el largo plazo. Entonces ¿cuáles serían las implicaciones en la industria logística?

40 horas laborales para la industria logística

Una de las principales implicaciones al reducir la jornada laboral a 40 horas está relacionada con una mayor presión operativa y la necesidad de una reorganización.

En una industria donde los tiempos de entrega, la disponibilidad de operadores y el cumplimiento de ventanas logísticas son críticos, una reducción de ocho horas por semana por empleado obligaría a las empresas a rediseñar turnos, rutas y procesos operativos.

Esto podría requerir la contratación de más personal para cubrir los mismos volúmenes de trabajo, lo que aumentaría los costos operativos.

Todo relacionado con el incremento en los costos laborales, especialmente en sectores como transporte, almacenaje y distribución, donde la continuidad operativa es clave.

Sin embargo, esta modificación constitucional también pone sobre la mesa la necesidad de mantener la eficiencia y el impuso a la adopción de tecnologías como la automatización de almacenes, el uso de inteligencia artificial para optimizar rutas y sistemas de gestión logística más avanzados.

Las empresas que actualmente ya están invirtiendo en transformación digital tendrían una ventaja competitiva para adaptarse al nuevo escenario.

Ahora, es claro que desde una perspectiva social y de recursos humanos, la reducción de la jornada laboral puede contribuir a un mejor equilibrio entre vida personal y trabajo, lo que impactaría positivamente en la salud física y mental del personal logístico.

Esto podría traducirse en una mayor retención de talento, menor rotación y mayor compromiso laboral, aspectos valiosos en un sector que tradicionalmente enfrenta escasez de operadores y alta rotación de personal.

¿Cuáles son los desafíos y retos que identifican los sectores industriales?

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), por ejemplo, ha señalado una serie de retos y desafíos que se tienen que considerar para que la implementación de la reforma sea integral.

• Han expresado la preocupación de que la reducción de la jornada laboral disminuya la productividad de las empresas
• Las dificultades que las PYMES podrían enfrentar para adaptarse por la falta de acceso a financiamiento y otros recursos
• Abordar la falta de personal en el mercado laboral antes de implementar la reforma
• Todo esto podría generar costos adicionales para las empresas, lo que podría afectar su rentabilidad

Algunas de las alternativas que se han planteado al respecto tienen que ver con una mayor inversión en capacitación y el desarrollo de habilidades de los trabajadores para mejorar la productividad.

De igual forma, un mejor acceso a financiamiento, sobre todo para las PYMES y un diálogo social entre gobierno, empresarios y trabajadores para analizar los impactos y posibles soluciones.