El severo deterioro que ha sufrido nuestro medio ambiente en los últimos años ha incrementado la presión sobre organizaciones privadas y públicas para que realicen acciones significativas enfocadas a proteger el ambiente.
La estrategia de “enverdecimiento” de las empresas privadas suele iniciar con programas enfocados a reducir el consumo de recursos (energía, materiales, agua) y de desechos sólidos para posteriormente avanzar hacia actividades de eco-diseño y logística inversa.
Por su parte, las empresas líderes están además integrando en sus proyectos medioambientales lo referente a la compra “verde” y asumiendo además la responsabilidad del desempeño ambiental de sus proveedores (Seuring-Müller, 2008). La formulación de una estrategia de compra “verde” no es simple, ya que los costos de adquisición se pueden incrementar cuando no se cuenta con un mercado de proveedores calificados o con tecnologías y materiales apropiados, lo cual es bastante frecuente dado que los conceptos de conciencia ambiental, desarrollo sustentable y responsabilidad ambiental están apenas cristalizando.
Si bien el abasto “verde” ofrece a las empresas privadas una oportunidad de diferenciación y de responder a las demandas de los consumidores más sensibles a la problemática ambiental, las ventajas tangibles de esta práctica no son evidentes. En consecuencia, la promoción del abasto “verde” es una responsabilidad que más bien recae en las organizaciones públicas.
Aplicación de estrategias verdes
En el ámbito europeo, las compras públicas representan un 14% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que para el caso de México, el valor de las compras anuales de las entidades federativas se estimó en más de 60 mil millones de pesos durante el 2008, según las estadísticas de finanzas públicas estatales y municipales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Estas cifras indican que el sector público tiene una influencia potencial determinante en la adopción de prácticas de abasto verde.
El abasto público se refiere a la compra de bienes y servicios por parte de organizaciones gubernamentales y autoridades locales. Las compras públicas comprenden la adquisición de una amplia gama de insumos –tecnologías de información, servicios de transporte y construcción, artículos de oficina y de limpieza, etcétera– con base en el uso de recursos públicos por lo cual se busca obtener el mayor valor posible para la compra al menor costo.
Esto implica un cambio respecto a políticas de compra tradicionales basadas en el menor costo; estas políticas se han reemplazado por una en la cual el mejor proveedor es aquel que ofrece el mayor cociente valor/precio.
Varios organismos internacionales y regionales han establecido políticas de apoyo al abasto verde. Por ejemplo el Banco Mundial, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP) el Fondo Monetario Internacional (MF), el Banco de Desarrollo de Asia y la Unión Económica Europea (2004/17/EC y 2004/18/EC) promueven que la compra pública incluya criterios adicionales al precio, entre ellos el ambiental.
En países desarrollados, la compra pública se ha alineado al concepto de sustentabilidad con lo que sobresale el concepto de abasto sustentable definido como la integración de criterios económicos, ambientales y de equidad dentro de las políticas de compras públicas. Bajo este nuevo enfoque, las compras públicas deberían satisfacer los siguientes propósitos (United Nations Global Marketplace, 2013):
a) Apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) que están en desventaja competitiva ya sea empleando criterios de evaluación menos astringentes, ofreciéndoles contratos múltiples, pagos rápidos o reservándoles proyectos específicos.
b) Crear oportunidades para el fomento y desarrollo de nuevas empresas que se distinguen sus atributos de responsabilidad social y eco-innovación, asignando mayor prioridad a las propuestas de compañías locales que demuestren operar bajo un modelo de negocios sustentable.
c) Promover la protección del ambiente al establecer como obligatorio el cumplimiento con ciertos criterios ambientales, dando preferencia a las propuestas que incluyan elementos ecológicos o bien al ofrecer subsidios a las organizaciones que favorezcan el abasto verde.
d) Apoyar la seguridad en el trabajo dentro de las instituciones públicas. Un abasto público basado en los objetivos anteriores tiene varios resultados deseables en el largo plazo. Estos resultados ocurren tanto a nivel institucional (la organización pública) como colectivo (la sociedad en general) y se describen a continuación.
Los propósitos establecidos en b y c tienen una contribución directa en la sustentabilidad ambiental. La forma en que se atienden estos propósitos se basa en la preferencia a productos fabricados con materiales reciclados o bien cuyos componentes se pueden someter a este proceso, así como a productos elaborados con insumos biodegradables o en los que se ha hecho una reducción importante en la cantidad de materiales utilizados para su fabricación.
La adquisición de equipo y tecnologías “verdes” se refiere principalmente a la compra de productos eco-eficientes, esto es que reducen el consumo de agua, energía y la cantidad de emisiones ambientales. En lo que refiere a servicios, la compra verde se enfoca en identificar y elegir proveedores que propongan proyectos amigables con el ambiente y demuestren a través de certificaciones y políticas internas de responsabilidad ambiental que realizan actividades ecológicas que van más allá del cumplimiento con la legislación ambiental vigente.
La inclusión de criterios ecológicos en las convocatorias para surtir a entidades públicas contribuye al desarrollo de proveedores de bienes y servicios amigables con el ambiente, además de proporcionar incentivos para el desarrollo de tecnologías “verdes”. De acuerdo con Bouwer (2006), 54% de las propuestas para surtir productos a entidades públicas europeas incluyen criterios verdes, ya sea de manera vaga o muy explícita (tres criterios bien definidos corresponden a una oferta “verde sólida”).
Ejemplos de economías verdes
Entre los países que destacan en el ámbito de abasto público verde (GPP, Green Public Procurement) figura Japón. La Ley de Compras Verdes del 2000 y la Ley de Contratos Verdes del 2007 establecen que todos los organismos gubernamentales deben establecer criterios para la compra pública que favorezcan los productos reciclables o bien fabricados a partir de materiales reciclados, así como aquellos bienes y servicios que contribuyan significativamente a reducir la emisión de gases de efecto invernadero y prevenir la contaminación.
Otro elemento incluido en el abasto verde es la contratación de trabajos de construcción en edificios públicos. El diseño, la instalación y los materiales de construcción tienen que ser de no sólo de calidad, seguros y durables sino además producidos a partir de materiales reciclados.
Uno de los países líderes en servicios de construcción ecológicos es Singapur. Las compañías constructoras de este país que concursan por contratos de construcción para el gobierno deben tener la certificación ISO 14000, además de contar con un sistema y un récord de administración ambiental de los proyectos que han desarrollado. Para los edificios públicos se estableció como requisito tener una etiqueta ambiental.
En Europa, uno de los países con políticas de compra pública verde más avanzadas es Noruega. GPP es parte de la estrategia nacional de desarrollo sustentable de Noruega, la cual está apoyada en tres legislaciones: el Acta de Abasto Verde (1999), el Acta de Información Medioambiental (2003) y el Acta de Información libre (2009). Las primeras dos legislaciones establecen que todas las entidades públicas deben considerar las implicaciones ambientales de todas sus compras a lo largo de todo el ciclo de vida de los bienes comprados, de tal forma que la demanda de productos y servicios “verdes” fomente la innovación, mejore la competitividad de los proveedores verdes y contribuya al desarrollo del mercado sustentable.
El tercer acto garantiza el acceso a la ciudadanía a la información sobre las compras “verdes” realizadas por las entidades públicas con el fin de influir sobre las decisiones organizacionales en materia de medioambiente. Este acto también abre oportunidades para que el público pueda participar en el proceso de toma de decisiones en GPP.
Además de estas legislaciones, hay otras iniciativas públicas vigentes que buscan dar las bases para que los organismos públicos puedan establecer sistemas de administración ambiental que garanticen que las compras públicas atienden a principios éticos, sociales y medioambientales.
Entre los proyectos está el Panel Medioambiental Nacional, integrado por representantes de organizaciones públicas, tanto compradoras como proveedoras, y cuyo objetivo es desarrollar criterios tanto para la calificación y selección de productos/servicios como de proveedores.
Entre los criterios sugeridos están: eficiencia en el consumo de energía, bajo contenido de materiales peligrosos y de emisiones al ambiente se establecen como prioritarios para la compra pública. Michelsen y de Boer (2009) realizaron una encuesta en varios municipios noruegos para determinar la situación de las GPP. De acuerdo con la encuesta, 74.3% de los municipios incluyen regularmente criterios medioambientales en sus convocatorias de compra.
A medida que las instituciones de gobierno se sincronicen al GPP y definan regulaciones ambientales para promoverlas, las empresas privadas tendrán que empezar a responder con base en su revisión de sus políticas de compra para cumplir con las legislaciones vigentes para posteriormente identificar estrategias de control de las fuentes de adquisición de sus insumos que contribuyan a alcanzar la eco-eficiencia, incrementar la oferta de productos y tecnologías “verdes” a precios competitivos y diseñar nuevas métricas para evaluar los beneficios ambientales y de negocios derivados de este tipo de compra.
* Profesora Titular del Departamento de Ciencias Administrativas y Mercadotecnia del Tecnológico de Monterrey Campus Toluca. Doctora en Administración en el programa conjunto EGADE Campus Ciudad de México y Universidad de Texas en Austin.
** Profesor Emérito del Tecnológico de Monterrey Campus Toluca y profesor investigador en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México. Doctor en Investigación de Operaciones por la North Carolina State University at Raleigh.
* Consulte el artículo completo en la edición impresa de abril de 2014 en la revista Énfasis Logística México y Centroamérica
