El anuncio del presidente Donald Trump, hecho a través de su cuenta en Truth Social, de imponer un arancel del 25 % a partir del 1 de octubre de 2025 sobre todos los camiones pesados importados —con el argumento de proteger a fabricantes estadounidenses como Peterbilt, Kenworth, Freightliner o Mack Trucks— marca un quiebre potencial en el mapa logístico del continente.
En su publicación, Trump señala que esta medida busca proteger a la industria nacional frente a una supuesta competencia externa desleal, asegurar la viabilidad financiera de los camioneros y articularlo bajo un prisma de seguridad nacional.
Lo que subyace es mucho más que un ajuste arancelario: es una señal política de defensa industrial, un desafío a los mecanismos vigentes en tratados comerciales, y un factor de reordenamiento para cadenas de suministro, industria automotriz, empresas de transporte y operadores logísticos con operaciones transfronterizas.
Para dimensionar el alcance de esta medida, es necesario mirar la estructura del comercio de camiones pesados en Estados Unidos: ¿de dónde provienen las importaciones actualmente? ¿qué volumen relativo representa frente a la producción nacional? ¿cuánto depende la industria del país de insumos globalizados?
Y, sobre todo, ¿qué efectos reales pueden desencadenarse en costos, inversiones y alineamientos estratégicos en el mundo del transporte pesado?
Origen de las importaciones de camiones pesados
Para anticipar los impactos, conviene revisar la situación comercial vigente en torno a los camiones medianos y pesados.
Según estimaciones recientes, las importaciones de camiones pesados representan cerca del 35 % del total de importaciones más producción doméstica (importaciones / (importaciones + producción doméstica)) del segmento.

Esto indica que una porción significativa del mercado de camiones pesados depende de unidades ensambladas fuera de EE. UU. o componentes importados.
De acuerdo con datos de importaciones en carretera (Volza), en el periodo junio 2024-mayo 2025, EE. UU. recibió importaciones de camiones desde más de 60 países.
Los tres principales países exportadores hacia EE. UU. fueron China, Vietnam y Tailandia, los cuales juntos representan aproximadamente 71 % de las importaciones totales de camiones, con China aportando cerca del 36 %, Vietnam el 24 % y Tailandia el 11 %.
No obstante, es importante matizar: muchas de esas importaciones pueden corresponder a unidades especializadas, componentes o subensambles más que camiones de producción masiva, dado que los grandes fabricantes ya tienen operaciones en Norteamérica.
Este panorama sugiere que si el arancel se aplica de forma general a todos los camiones pesados importados —sin distinción por país de origen o contenido local— los mayores afectados serían los fabricantes asiáticos y de otras regiones que exportan para el mercado estadounidense.
Pero también los fabricantes que operan fuera de cumplimiento de reglas de origen, así como las cadenas de suministro que dependen de componentes globales.
Un impacto estratégico que trasciende el precio
Más allá de la cifra del 25 %, el anuncio abre un escenario de transformación estratégica para el ecosistema logístico y de transporte.
El efecto más inmediato sería el aumento en los costos de adquisición de unidades nuevas, lo cual presionará a las empresas de autotransporte a reevaluar sus calendarios de renovación de flota.
Frente a un incremento abrupto en el precio de los camiones importados, muchas compañías podrían optar por prolongar la vida útil de sus vehículos actuales, lo que implicaría mayores costos de mantenimiento y potenciales riesgos en eficiencia y seguridad.
En paralelo, el arancel actúa como un incentivo para que los fabricantes internacionales relocalicen parte de su producción hacia Estados Unidos o hacia países con acceso preferencial al mercado, como México y Canadá bajo el marco del USMCA.
Sin embargo, cumplir con las reglas de origen que permiten beneficiarse de este tratado implica modificar cadenas de suministro complejas, con inversiones de tiempo y capital que difícilmente se resuelven en el corto plazo.

El impacto también se proyecta en el tejido de proveedores. Incluso las plantas estadounidenses que ensamblan localmente dependen de piezas importadas: transmisiones, componentes electrónicos, motores o sistemas de control que llegan desde Asia o Europa.
Si el arancel se aplica a estos insumos o genera distorsiones en la cadena, el encarecimiento no será exclusivo de los camiones importados, sino que repercutirá en toda la industria.
Las consecuencias para la logística no se detienen en el costo de los equipos. Cuando los transportistas pagan más por adquirir un camión, ese incremento tarde o temprano se traslada a las tarifas de flete.
En un país donde más del 70 % de la carga doméstica se mueve por carretera, incluso un pequeño aumento en las tarifas puede tener un efecto inflacionario transversal sobre bienes de consumo, materias primas y mercancías industriales.
La competitividad de muchas cadenas de valor —desde alimentos hasta manufactura avanzada— podría verse comprometida por esta presión adicional.
Por último, está el componente geopolítico. Un arancel unilateral de este calibre es susceptible de generar represalias por parte de los países afectados.
China, por ejemplo, podría responder con gravámenes a otros productos estadounidenses, lo que escalaría en una nueva ronda de tensiones comerciales con efectos en múltiples sectores.
México y Canadá, socios clave bajo el USMCA, se encuentran en una posición particularmente delicada: si sus exportaciones de camiones no reciben trato preferencial, la medida podría desatar fricciones dentro del mismo bloque regional.
En conjunto, lo que a primera vista parece una medida de protección industrial se convierte en un punto de inflexión con efectos múltiples: encarecimiento de activos estratégicos para el transporte, reconfiguración de cadenas de suministro globales, presión inflacionaria en tarifas logísticas y riesgo de represalias comerciales que amplificarían la incertidumbre en el comercio internacional.