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En el combate al robo en el transporte de carga, la estrategia que más eficacia está mostrando es la que se basa en la colaboración entre autoridades, cuerpos policíacos y organizaciones derivadas de la sociedad civil (como los organismos empresariales). Esta es la visión que, Armando Zúñiga Salinas, coordinador general de ASUME, compartió durante la reunión mensual de Agrupaciones de Seguridad Unidas.
En el encuentro se habló de la estrategia nacional para reducir el robo a transporte de carga y de pasajeros, estos se sustentan en el trabajo en equipo, lo que permite tener una perspectiva real del problema y sus implicaciones, y facilita el desarrollo de estrategias robustas y soluciones de largo plazo.
En tal sentido, se destacó que el plan nacional en marcha involucra a distintas dependencias gubernamentales (secretarías como Gobernación, Defensa, SAT, Capufe, entre otras), y a múltiples asociaciones vinculadas al transporte de personas y bienes, entre ellas, CANACAR, CANAPAT y CCE.
La colaboración entre PF, empresas de la industria del transporte y entidades de gobierno (potenciada por recursos innovadores como la app móvil “PF Carreteras”), está facilitando el intercambio de información crítica, lo que se deriva en alarmas eficientes, reporte oportuno de incidentes, coordinación de recursos y acciones, mapeo de riesgos, entre otros beneficios.
Por ejemplo, la posibilidad de compartir información ha permitido detectar los tramos carreteros de mayor riesgo; las prácticas recurrentes de los criminales (como los falsos retenes); las estrategias de seguridad que brindan los mejores resultados, etc. En ese sentido, vale la pena recordar que cuatro entidades del país, Estado de México, Puebla, Michoacán y Tlaxcala, concentran 80.3% del total nacional de robos a transporte de carga.
Armando Zúñiga Salinas, coordinador general de ASUME, recomendó a las empresas transportistas el fomentar la cultura de la denuncia y, sobre todo, asumir una responsabilidad plena en la aplicación de la justicia. En muchas ocasiones, las compañías afectadas sólo atienden el trámite legal que les garantice el pago de una póliza; y una vez que obtienen dicho beneficio, ya no dan continuidad al proceso que asegure que los delincuentes reciban el castigo que marca la ley.
“Tenemos que apoyar el esfuerzo de la Policía Federal y las autoridades; y eso incluye la denuncia formal y dar seguimiento a los expedientes legales. Los empresarios mexicanos debemos asumir nuestra responsabilidad en la seguridad del país. Si no hacemos la parte que nos corresponde, la inseguridad en las carreteras y en todos los ámbitos del país, será un asunto difícil de combatir”, finalizó.
