El movimiento de mercancías en México a través de vehículos pesados es indispensable, sin embargo, el pago que realizan los autotransportistas para circular en las carreteras y para cruzar por municipios de los diferentes estados del país, podría provocar un aumento directo en los productos que obtiene el consumidor final, indicaron académicos y expertos durante un coloquio en las instalaciones de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), en la Ciudad de México.
Para José Luis Fuente Pochat, Expresidente de la Comisión de Transporte de CONCAMIN, el arribo de mercancías, entre las que se encuentran productos de primera necesidad como la comida, rebasa aspectos como la regulación de contaminantes en el medio ambiente o la movilidad y la necesidad de aminorar los tiempos de traslado, por lo que se necesita una visión más amplia del tema, tanto de logística como de transporte.
En este contexto, opinó, las autoridades responsables deben hablar con conocimiento de causa, a partir de una experiencia en el sector, en cuyo caso es necesario planear diferente y proponer modelos de acuerdo a las necesidades de carga y descarga de las ciudades, por ejemplo, para no dañar la infraestructura o evitar causar accidentes. Además, todos los involucrados en el tema deben contar con una adecuada cultura vial, dijo el especialista durante el foro Sobrerregulación en el transporte de carga y su impacto económico.
Por su parte, María de los Ángeles Fromow Rangel, Investigadora Catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), subrayó que el costo para las empresas que enfrentan la sobrerregulación en términos de restricción vial es de dos mil 600 millones de pesos, cifra que afecta al desarrollo de la iniciativa privada como de los municipios y añadió que no hay una política pública estricta, sino costos extras sin justificación, los cuales suman entre 100 y 6 mil pesos.
Además, acotó que 95% de los vehículos de carga es susceptible de nuevas restricciones y el costo en afectación sería de unos 2 mil 600 millones de pesos, por lo que recomendó que para generar una política pública de movilidad se consideren aspectos como la planeación urbana, la movilidad alterna, una visión de ciudad con experiencias externas, la unificación de criterios para el uso de transporte o la fragmentación del territorio.
Complementó que tipificar el robo de mercancía al autotransporte como delito federal es un logro jurídico, aunque supone un reto mayor: Cómo lo vamos a hacer efectivo, qué procedimientos van a tener las autoridades que persiguen y consignan los delitos, cómo se va a agilizar el mecanismo de devolución de las mercancías que recuperadas tanto como los vehículos, mencionó durante su participación en el panel Perspectiva normativa y regulatoria.
Otra cuestión que señalaron los expertos fue la complejidad de concluir en números exactos el impacto económico de la sobrerregulación en los vehículos pesados, no obstante, Grupo Transportes -que moviliza 14% de los petrolíferos en el país-, refirió su caso particular en Ciudad Madero, Tamaulipas.
Uriel Joffre Vega, director de la empresa, expresó durante su participación en el panel Impacto económico del foro de CONCAMIN, que en el supuesto de que las autoridades locales continuaran con ese tema en el 50% de los municipios del país como se ha hecho en su localidad, las empresas atraerían un pago de un billón de pesos por año por costos de unos 3 mil 700 fulles y contando pagos anuales.
Ernesto Estrada González, Economista en Jefe en AGON, expuso su asunto en Monterrey, Nuevo León, en donde los reglamentos de tránsito homologado en la zona metropolitana de esa ciudad afectaron a 37 mil 858 vehículos de carga y 6 mil empresas del comercio al por mayor se vieron afectadas; asimismo, a 18.8 fletes anuales de carga, en tanto que un 95% de vehículos está sujeto a nuevos permisos y a nuevas afectaciones.
En este tenor, José Refugio Muñoz López, Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR), aseveró que los transportistas no desean esperar a que la sobrerregulación sea un problema mayor y que tampoco buscan más impacto económico, pues están cumpliendo con todas las normatividades federales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, adicional, esas disposiciones afectan sobre manera su competitividad.
Finalmente, Miguel Elizalde Lizarraga, Presidente de la Comisión de Transportes de CONCAMIN, refirió que hay un interés de dialogar con las autoridades locales para evitar mayores daños, asimismo, que son los más interesados en ver esta situación como una oportunidad para mejorar el autotransporte y la cadena logística del mismo en México.
