Representantes de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) coincidieron que la actual reforma de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario podría disminuir la competitividad y eficiencia del sector.
Según un análisis jurídico presentado por la AMF, la iniciativa de reforma surgió de un diagnóstico equivocado del estado actual del servicio ferroviario y pretende eliminar los derechos otorgados a los concesionarios, con lo cual se afectarían los derechos de los inversionistas sin la indemnización correspondiente.
Adicionalmente, la nueva legislación incluiría una figura de permisionarios con lo que se pretende incorporar a nuevos operadores que recorrerían la infraestructura ya establecida, por lo que la asociación señaló que esto generaría conflictos en la prioridad de trenes y disminuiría la velocidad del servicio.
Es de recordar que recientemente se organizó un foro por la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República en el que el Subsecretario de Transportes, Carlos Almada, se pronunció por dotar de mayores facultades a la autoridad como parte de las modificaciones y que abarcaría el derecho a la autoridad en materia de interconexión, de derechos de paso y de derechos de arrastre del sector intermodal.
En este escenario, José Zozaya Delano, Presidente de la AMF, defendió el estado actual del sistema ferroviario al decir que México es un caso de éxito reconocido a nivel mundial que fomenta la competencia con el autotransporte. “Nosotros –los concesionarios– hemos invertido más de 7 mil 500 millones de dólares en desarrollo y mantenimiento de equipamiento, tecnología e infraestructura desde 1997”, resaltó Zozaya.
Al respecto, Alfredo Casar, Presidente Ejecutivo de Ferromex y Ferrosur, detalló que a la cifra anterior se le suman otros 2 mil 590 millones para obtener la concesión, aún así dijo que prevalecen las tarifas competitivas.
Casar citó un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que asegura que las tarifas de Ferromex son las más bajas de Latinoamérica (en promedio tres centavos de dólar por tonelada kilómetro).
Por otro lado, los integrantes de la AMF encontraron coincidencias en las modificaciones de ley tales como la importancia de establecer más interconexiones en los puntos que se requiera; la necesidad de intervención de la autoridad de competencia en la regulación de tarifas y la publicación de rangos de las mismas, así como la intención de crear un fondo con recursos públicos y privados para la señalización.
