Bruselas, (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó este viernes que la Ley Europea de Chips, con la que la Unión Europea quiere duplicar su producción de semiconductores para llegar en 2030 a un 20% del mercado mundial, estará en vigor formalmente en otoño.
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Destacó Von der Leyen durante una visita al Centro Interuniversitario de Microelectrónica (IMEC) en Lovaina (Bélgica).
La política alemana apuntó que la ley sobre chips “no entrará formalmente en vigor hasta este otoño”, pero valoró que “ya está generando un impulso asombroso. Desde que propusimos la Ley Europea de Chips en febrero del año pasado, se han anunciado más de 90.000 millones de euros de inversión industrial en Europa”, subrayó.
Von der Leyen, que visitó el IMEC junto al primer ministro belga, Alexander De Croo, y el ministro-presidente de la región de Flandes, Jan Jambon, señaló que esa institución ha recibido 300 millones de euros de financiación comunitaria.
La Ley Europea de Chips es un intento de la UE de reducir su dependencia de Asia y evitar problemas de suministro como los vividos durante la pandemia.
La iniciativa surgió a raíz de la escasez generada por la covid-19 de unos componentes que son esenciales en cualquier tecnología, desde teléfonos móviles hasta placas solares, pasando por vehículos, pero para cuya fabricación el mundo depende de Taiwán y Corea del Sur, mientras que Estados Unidos domina en el diseño.
La Ley de Chips europea busca reducir esta dependencia y ganar cuota en un mercado que mueve anualmente 433.000 millones de dólares aumentando la producción de semiconductores en la UE, movilizando inversiones, también en investigación dónde los Veintisiete tienen la fortaleza, y monitorizando mejor la situación de los suministros para evitar futuras crisis.
La medida cuenta con una dotación de 3.300 millones de euros del presupuesto europeo, pero la UE calcula que podrán movilizar un total de 43.000 millones de euros entre inversiones públicas, por ejemplo con los fondos de recuperación poscovid, y privadas.
El pasado abril el Consejo de la UE (los Estados miembros) y el Parlamento Europeo cerraron un acuerdo sobre la legislación, que antes de entrar en vigor debe ser aprobado formalmente por ambos colegisladores.
EFE rja/cat/ltm