Francia aboga por dejar atrás la normativa Euro 7 para priorizar la inversión en vehículos eléctricos

París, (EFE).- Francia quiere que la Unión Europea abandone la propuesta normativa Euro 7 para reducir más la contaminación de los vehículos con motores de combustión, porque cree que los fabricantes perderán competitividad y podrían dedicar el dinero que les costará adaptarse a acelerar el desarrollo del vehículo eléctrico.

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Más que gastar dinero en una enésima norma para los vehículos térmicos, la Euro 7, tal vez sería mejor olvidar esta norma que va a costar un dinero inútil a nuestros fabricantes para acelerar con el vehículo eléctrico y con las tecnologías de mañana"

Bruno Le Maire, el ministro francés de Economía y Finanzas.

Le Maire, que participaba en Douvrin (norte de Francia) en la inauguración de la primera gigafactoría de baterías eléctricas para vehículos en Francia, subrayó que ninguno de los grandes competidores para el sector automovilístico europeo, que son China y Estados Unidos, van a imponer algo parecido a sus fabricantes.

"La UE debe mostrar su músculo industrial", subrayó antes de señalar los dos grandes desafíos que a su parecer se le plantea a la industria europea.

El primero viene de China por su potencia industrial en el sector de los vehículos eléctricos, en el que es el líder mundial con una supremacía que es incluso mayor en las baterías y en los minerales críticos necesarios para construirlas.

El otro llega de Estados Unidos por la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), que prevé un presupuesto de unos 370.000 millones de dólares en medidas de apoyo a las industrias vinculadas a la transición energética, lo que incluye los vehículos eléctricos, a condición de que estén fabricados en ese país.

Por eso, el ministro francés afirmó que "hace falta un IRA europeo que defienda nuestros intereses industriales".

La Comisión Europea (CE) presentó el pasado mes de noviembre su propuesta Euro 7 para actualizar la normativa que marcará los límites máximos de emisiones contaminantes de los vehículos diésel y de gasolina desde 2025 y hasta 2035, cuando solo se podrán vender coches nuevos que no generen CO2.

Esa propuesta ha suscitado la oposición frontal de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA), que cree que su implementación le costará a los fabricantes entre cuatro y diez veces más de las estimaciones de la CE, es decir, unos 2.000 euros más por cada coche o furgoneta con motor de combustión.

Renault, que en los próximos días debe decidir en qué país ubicará la sede de su filial Horse que reunirá la actividad de vehículos de motores de combustión, está precisamente a la espera de que España se posicione sobre la norma Euro 7, ya que es el principal candidato a albergar esa sede junto a Rumanía.

Rumanía, como Francia, Bulgaria, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Italia y Polonia, forman parte del bloque de países que rechazan ese nuevo estándar con argumento de que detraerá inversiones para el verdadero objetivo de la neutralidad de carbono y de que se perjudicará a la competitividad europea.

EFE ac/rcf/prb

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