Presentan iniciativa para que DiDi y Uber coloquen cámaras de seguridad 

Cada vez es más común abordar un automóvil de plataforma y notar que trae consigo una cámara que graba a los pasajeros. De igual forma, se ha vuelto popular observar a motociclistas y ciclistas que traen una cámara en el casco. Se ha convertido en una herramienta de trabajo para esta fuerza logística, e incluso ahora se propone como un elemento obligatorio en su operación diaria.

Una ruta hacia la obligación

La diputada Ana Luisa Buendía García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa ante el Congreso de la Ciudad de México para modificar la Ley de Movilidad local y obligar a los servicios de transporte por aplicación (como Uber, DiDi o InDrive) a instalar cámaras de videograbación en sus vehículos. La medida busca garantizar la seguridad de conductores y usuarios ante el aumento de delitos como asaltos, robos y agresiones sexuales, así como evitar acusaciones falsas.   

La iniciativa alude a casos que se volvieron noticia, como el asesinato de un conductor de Uber durante un live un TiTok, en Ciudad Juárez, y otro más reciente en el que una usuaria amenazaba con acusar de acoso a un conductor. Además, se mencionan experiencias internacionales exitosas en ciudades como Londres, Sídney y Nueva York, donde la videovigilancia redujo incidentes delictivos.   

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¿Y quién debe almacenar los videos?

Aunque no es explícita en la responsabilidad de las empresas para implementar un sistema de videograbación, hay tres aspectos que les son atribuidos. 

Obligatoriedad. Las cámaras deberán grabar continuamente durante los trayectos y deberán estar ubicadas de manera que no interfieran con la visibilidad del conductor.   

Almacenamiento. Las grabaciones se conservarán por 30 días y solo podrán ser accedidas por autoridades competentes en caso de incidentes de seguridad o investigaciones y no podrán ser utilizadas para otros fines sin el consentimiento expreso de las partes involucradas. 

Transparencia. Las plataformas de transporte estarán obligadas a informar a los usuarios y conductores sobre la existencia de las cámaras y el propósito de éstas en los términos y condiciones del servicio, así como avisos visibles en los vehículos. 

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Costos y vacíos en la iniciativa  

• Indefinición: Aunque la propuesta establece requisitos técnicos y legales, no especifica el costo aproximado de implementación ni precisa quién asumiría los gastos.  Dado que la medida incluye a empresas, conductores y gobierno, no se aclara a cargo de quién quedarían los costos de instalación, mantenimiento y almacenamiento de datos.   

• Fiscalización y sanciones: La iniciativa omite detalles sobre cómo se supervisará el cumplimiento, qué sanciones habrá por incumplimiento y cómo se protegerá la privacidad de las grabaciones más allá del acceso restringido a autoridades.   

• Atribuciones: Tampoco define roles específicos para la Secretaría de Movilidad (Semovi) en la regulación técnica o en la capacitación de conductores.   

Expertos señalan que será crucial complementar la propuesta con:   

• Un estudio de impacto económico para determinar costos y responsables.   

• Protocolos claros de privacidad y manejo de datos.   

• Mecanismos de apoyo financiero o subsidios para conductores, en caso de que deban asumir los gastos.   

Mientras tanto, organizaciones de conductores y usuarios exigen diálogo para equilibrar seguridad, privacidad y viabilidad en una medida que podría marcar un precedente en la movilidad urbana.