La industria automotriz mexicana atraviesa una transformación impulsada por la adopción de vehículos híbridos y eléctricos, que hoy representan alrededor del 12% del mercado nacional, frente al 1% registrado hace apenas cinco años. Así lo señaló Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), en el pódcast Norte Económico de Banorte, donde destacó que la electromovilidad se ha convertido en un motor de recuperación del sector.
Sin embargo, detrás del optimismo emergen desafíos estructurales que ponen en duda la velocidad de esta transición: la infraestructura pública de recarga sigue rezagada, la adopción en flotillas enfrenta limitaciones financieras y regulatorias; además, México corre el riesgo de incumplir sus compromisos internacionales de descarbonización, vinculados al Acuerdo de París y al Tratado México–Estados Unidos–Canadá (T-MEC).
En el primero, el país se comprometió a reducir 22% de sus emisiones de gases de efecto invernadero rumbo al 2030 y aumentar la participación de energías limpias al 35% para 2024, mientras que en el segundo, México pactó con sus socios que 50% de las ventas de vehículos ligeros sean eléctricos para 2030.

El costo ya no es la principal barrera
De acuerdo con Rosales, el precio de los autos eléctricos ya no es la principal barrera, debido a que al día de hoy existen modelos por debajo del promedio nacional de venta (530 a 540 mil pesos). El verdadero desafío es la infraestructura de recarga pública, pues más del 80% de las cargas se realizan en casas u oficinas, lo que genera incertidumbre entre los consumidores al momento de emprender viajes largos o salir de las zonas urbanas. Esta misma limitante también frena a las empresas que evalúan la adopción de flotillas de reparto eléctricas.
El Instituto Mexicano del Transporte (IMT), en la publicación técnica Diagnóstico del desarrollo tecnológico en México para la incorporación de la electromovilidad en el autotransporte, coincide en este diagnóstico: aunque el país cuenta con más de 2,000 electrolineras, la concentración está en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, mientras que en el sureste y corredores logísticos de carga persiste un déficit crítico.
Flotillas: oportunidad y desafío
El tema de las flotillas de reparto es particularmente sensible. Empresas como Bimbo, DHL y Grupo Modelo ya operan unidades eléctricas en zonas metropolitanas, y plataformas de última milla como 99 Minutos han advertido sobre la necesidad de desarrollar hubs de carga compartidos.
El retrofit -la reconversión de unidades diésel a eléctricas- aparece como alternativa intermedia para transportistas con menor poder adquisitivo, según el IMT. Sin embargo, la falta de incentivos masivos y la fragmentación institucional hacen que la adopción de estas tecnologías sea todavía incipiente.

El rol de los proveedores e inversión extranjera
La transición también está impulsando una nueva dinámica de proveedores. En 2024, Volkswagen anunció una inversión de 942 millones de dólares en Puebla para un centro de electromovilidad, BYD prepara una planta en México y Magna destina 166 millones en Coahuila para autopartes de autos eléctricos.
A nivel nacional, la alianza entre el gobierno de México y la Universidad de California busca construir un mapa de ruta binacional que aproveche el nearshoring para integrar a proveedores locales en la cadena de valor.
Avances desiguales frente a compromisos internacionales
Aunque la adopción crece, México sigue lejos de sus propias metas. La Ley de Transición Energética establecía que 3% de los autos vendidos en 2022 fueran eléctricos; en la práctica, apenas alcanzaron el 0.5%. En 2023 la cifra subió a 1.03%, muy por debajo del 50% comprometido para 2030 junto con Estados Unidos y Canadá.
Un estudio publicado en LATAM Revista de Ciencias Sociales en 2025 advierte que la fragmentación institucional (hay demasiadas dependencias involucradas como la SEMARNAT, SENER, INECC, CRE y BANOBRAS, pero sin coordinación clara) y la ausencia de mecanismos de medición estandarizados son las principales barreras para cumplir los compromisos del Acuerdo de París y la Agenda 2030.

Hacia una visión integral
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Electromovilidad: panorama actual en América Latina y el Caribe plantea que para consolidar la electromovilidad en la región se requieren cinco pilares:
- Estandarización e interoperabilidad: normas técnicas, etiquetado y eficiencia energética.
- Circulación y confiabilidad: acceso a vías exclusivas, estacionamientos preferenciales, infraestructura de carga.
- Oferta y adquisición: incentivos fiscales, reducción de aranceles, créditos.
- Entornos promotores: leasing, transporte compartido, reutilización de baterías.
- Sector eléctrico: generación distribuida, tarifas diferenciadas por horarios.
En México, el camino dependerá de cerrar la brecha entre las metas y la implementación real. “El panorama es alentador para la adopción de esta tecnología”, aseguró Rosales en el pódcast, “pero necesitamos trabajar muy fuerte en infraestructura pública y en incentivos fiscales adecuados”.
La electromovilidad ya dejó de ser una promesa para convertirse en un mercado en crecimiento, pero si México quiere que flotillas y proveedores que consoliden la transición, debe acelerar la construcción de electrolineras, garantizar marcos regulatorios claros y alinear esfuerzos con el sector privado. De lo contrario, el país corre el riesgo de rezagarse frente a sus socios comerciales y de incumplir sus metas climáticas.