Desde el 5 de agosto, un nuevo bloqueo a las vías del ferrocarril de carga en el estado de Sonora impide el paso de más de 83 mil 500 toneladas de insumos, mercancías y materiales necesarios para diversas industrias, que significan más de 45 millones de pesos perdidos para el servicio de transporte, sin contar las afectaciones económicas para los mercados relacionados.
En un comunicado, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) informó que al momento hay 2 mil 176 carros de ferrocarril de carga detenidos en el municipio de Guaymas que transportan carga desde y hacia Nogales y Mexicali, dos puntos fronterizos importantes. Entre las mercancías detenidas se encuentran:
- Más de 87 millones de pesos en granos esenciales para la actividad agropecuaria y la producción de alimentos.
- 248 millones de pesos en autopartes y vehículos terminados para la industria automotriz.
- 64 millones de pesos en productos de consumo.
- 126 millones de pesos en insumos y productos necesarios para la industria cervecera de exportación.
- 560 toneladas de productos químicos.
- 8 mil 400 toneladas de cemento para la industria de la construcción.
- 17 mil 500 toneladas más de materiales necesarios para la fundición.
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Al igual que el bloqueo registrado entre el 13 y el 25 de julio, las causas son ajenas a la operación del servicio de transporte ferroviario de carga. Son integrantes de la comunidad yaqui quienes mantienen cerradas las vías por exigencias relacionadas con su territorio, con el abasto de agua, con la disponibilidad de servicios y otras problemáticas.
“La CONCAMIN reconoce la atención que dan los gobiernos a la problemática de las comunidades yaquis, pero refrenda su llamado para que las mesas de negociación política entre las autoridades y manifestantes se lleven a un ámbito distinto al de la costosa y muy lamentable interrupción del paso del ferrocarril de carga”, dice el comunicado.
La Confederación exigió a las autoridades que solucionen las necesidades de las comunidades yaquis sin que ello implique afectaciones a la economía y al bienestar social de la región que provocan los bloqueos.
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