Bruselas, (EFE).- Los países de la Unión Europea votarán este viernes sobre la imposición de aranceles definitivos a las importaciones de vehículos eléctricos procedentes de China por considerar que reciben subsidios ilegales que les hace competir de forma injusta con la industria de la UE.
La votación se producirá en la mañana del viernes, indicaron este miércoles a EFE diversas fuentes diplomáticas.
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El voto ha sido aplazado en diferentes ocasiones para dar más tiempo a las consultas entre la Comisión Europea, que tiene la potestad de negociar en asuntos comerciales en nombre de los Veintisiete- y el Gobierno chino, tras la visita a Bruselas del ministro de Comercio chino, Wang Wentao, del pasado 19 de septiembre.
Entonces se reunió con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis, quien defendió la investigación llevada a cabo por Bruselas que determinó que las ayudas de Pekín a algunos fabricantes son indebidas y distorsionan la competencia leal.
Ambos acordaron en cualquier caso "intensificar los esfuerzos" para encontrar una solución.
Según indicaron fuentes comunitarias esta semana, incluso si la propuesta para imponer los aranceles sale adelante, continuarán los contactos en busca de una solución negociada.
La propuesta de Bruselas supone contrarrestar estas prácticas comerciales desleales con un arancel adicional de un máximo del 36.3% a estas importaciones, que se sumaría a la tasa habitual del 10 % a los coches eléctricos chinos.
El arancel máximo se aplicaría a la compañía china SAIC y a todas las no incluidas en las pesquisas que no han cooperado con la investigación del Ejecutivo comunitario.
A otras empresas incluidas en la investigación, BYD y Geely, se les impondrán aranceles del 17% y el 19.3%, respectivamente, mientras que los fabricantes chinos que cooperaron en la investigación pero que no se incluyeron en ella afrontarán por su parte un arancel adicional del 21.3%.
Para que la propuesta de Bruselas prospere deben pronunciarse a favor un 55% de los Estados miembros que representen a un 65% de la población europea (si esa misma cantidad de Estados miembros se pronuncia en contra, la iniciativa decaería).
Si no se alcanza ese margen ni a favor ni en contra de la propuesta, la Comisión puede afinarla cambiando, por ejemplo, los porcentajes de aranceles adicionales y volver a plantearla a los Estados miembros.
En una primera votación no vinculante a mediados de julio, España votó a favor de la medida junto a Francia, Italia y otros nueve países, mientras que Alemania y otros diez se abstuvieron y Hungría, Eslovaquia, Malta y Chipre votaron en contra.
Sin embargo, desde entonces el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha acercado a la postura su homólogo alemán, Olaf Scholz, y durante un viaje oficial a China pidió a Bruselas que reconsidere su posición.
En respuesta a la investigación europea, China inició una propia sobre las importaciones de carne de cerdo y productos lácteos de la UE, que para España representan una factura de exportaciones de casi 1.900 millones de euros en el primer caso y, de 91 millones, en el segundo.
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