Bruselas, (EFE).- El Parlamento Europeo dio este miércoles su visto bueno definitivo al nuevo mecanismo de emergencia de la Unión Europea (UE) para garantizar el suministro de bienes esenciales en situaciones de crisis, y evitar que se repita el caos que se dio durante la pandemia de covid-19.
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El objetivo de la medida es precisamente evitar situaciones como las vividas en ese periodo, cuando escasearon productos esenciales como las mascarillas, algunos países actuaron unilateralmente reteniendo en su territorio la producción nacional y Bruselas llegó a imponer un control a las exportaciones de vacunas para asegurar que había suficientes en la Unión Europea.
La Ley de Emergencia y Resiliencia del Mercado Interior (IMERA, en sus siglas en inglés) prevé un monitoreo continuo de la situación en las cadenas de suministro para anticipar posibles crisis, de modo que se active un modo de "vigilancia" cuando se detecte una amenaza y se pongan en marcha mecanismos para que los países y la Comisión Europea coordinen su respuesta.
Cuando una crisis ponga en peligro el suministro de bienes o servicios críticos, se podrán adoptar medidas de último recurso. Por ejemplo, la Comisión podrá solicitar información a las empresas sobre su nivel de reservas de ciertos productos y éstas deberán justificarse si se niegan a aportarla.
En caso de escasez grave, el Ejecutivo comunitario podrá emitir pedidos prioritarios para comprar los bienes afectados, de modo que las empresas podrán aceptarlos voluntariamente y estarán protegidos legalmente frente a posibles demandas de otros clientes si no pueden cumplir sus contratos con éstos.
Ahora bien, estos pedidos prioritarios no podrán afectar a las competencias de seguridad y defensa de los Estados miembros y tendrán que respetar las normas de competencia europeas.
Además, en estas circunstancias excepcionales los Estados y la Comisión podrán llevar a cabo compras conjuntas para adquirir los bienes o servicios en cuestión y, de hacerlo a nivel nacional, los países tendrán que coordinarse con el resto de socios.
Asimismo, los países tendrán que ser transparentes con el resto sobre las medidas nacionales que están adoptando para afrontar la crisis, tanto con el resto de socios como con los ciudadanos.
Para evitar que se llegue a una situación de crisis, la normativa prevé que la Comisión Europea lleve a cabo test de estrés y simulaciones para anticiparse y evaluar el posible impacto sobre el libre movimiento de bienes, servicios y personas, en tanto que se anima también a las empresas a desarrollar protocolos de crisis, simulaciones y formación de manera voluntaria.
Tras el visto bueno del Parlamento Europeo, también los Estados miembros deben aprobar formalmente la legislación para que pueda entrar en vigor.
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