¿Qué implicaciones tendría la reforma de administración portuaria?

El pasado 01 de octubre la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que reforma tres leyes para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) deje de controlar la administración portuaria del país y ahora lo haga la Secretaría de Marina (SEMAR). Ahora esta propuesta está siendo evaluada por la Cámara de Senadores.

La justificación de proponerla y aprobarla es evitar la duplicidad de funciones, el dispendio de recursos humanos y financieros, combatir la corrupción y fortalecer la idoneidad e imparcialidad de los trámites que se brindan a la comunidad marítima, según el dictamen de la Cámara de Diputados.

En una visita a la ciudad de Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador, agregó que esta modificación beneficiará a los marinos mercantes porque dejarán de estar “marginados” con la privatización que actualmente existe en los puertos, siendo que las 16 Administraciones Portuarias Integrales (APIs) se rigen tanto por la normativa privada mercantil como por la ley de orden público.

Tres leyes que se modificarían para la nueva administración portuaria

La reforma modificaría tres artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:

1. Artículo 10: Estipula que todas las secretarías tienen igual rango y ninguna es superior a otra.
2. Artículo 30: Se refiere a las atribuciones de la SEMAR.
3. Artículo 36: Se refiere a las atribuciones de la SCT sobre la regulación, promoción y organización de la marina mercante y la administración portuaria.

Al respecto, Carlos Matute, socio fundador de SIDERIS, escribió para una columna de opinión en El Universal que estas tres modificaciones suponen una centralización y militarización de los puertos, ya que la SCT disminuirá su influencia en la supervisión de las operaciones. Jesús Rangel, coordinador de Información en Grupo Milenio interpretó que estas modificaciones subsumirán a la SCT ante la SEMAR.

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Además, el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP) deberá ser rediseñado para determinar la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades, agregó Matute.

También se modificaría la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, un negocio que representa alrededor de 11 mil millones de pesos anuales de ingresos.

La tercera ley que se modificaría es la Ley de Puertos, con la intención de que la SEMAR adquiera una mayor fortaleza y asuma la administración marítima de México.

Responsabilidades del gobierno

Matute interpreta que estos cambios podrían implicar la eliminación de las API y sustituirlas por una administración portuaria directa de la estructura de la SEMAR.

El principal reto de la reforma será superar los logros que las API han tenido estando a cargo de la SCT, entre ellos haber movido más de 300 millones de toneladas de carga en sus 25 años de existencia, y además hacerlo cumpliendo lo que se prometió: reducir los riesgos de seguridad y corrupción.

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