Este 3 de noviembre vence el plazo para que empresas mexicanas presenten comentarios ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), como parte del proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Apenas dos días después, el 5 de noviembre, la Suprema Corte de Estados Unidos celebrará una audiencia decisiva sobre la Ley de Emergencias Económicas Internacionales (IEPA, por sus siglas en inglés), una herramienta que ha permitido al Ejecutivo estadounidense imponer aranceles de forma unilateral.
Ambas fechas marcan un punto de inflexión en el entorno comercial de Norteamérica, con implicaciones directas para la logística, la manufactura y las cadenas de suministro regionales.
La información se analizó durante el 31° Congreso Mexicano de Comercio Exterior, celebrado en Querétaro y organizado por el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE). En este foro, expertos y líderes empresariales analizaron los escenarios posibles ante la revisión del T-MEC y el uso de medidas arancelarias por parte de Estados Unidos.
Un proceso complejo, con implicaciones profundas
La revisión del T-MEC es un proceso que puede derivar en una renegociación parcial o total del tratado, dependiendo de la postura que adopte la administración estadounidense. En paralelo, en EU el uso de herramientas legales como la IEPA y la sección 232 de la Ley de Comercio de 1962 ha generado un entorno de incertidumbre arancelaria que afecta directamente a sectores estratégicos como el acero. México debe prepararse para navegar este escenario con inteligencia, firmeza y una estrategia que combine diplomacia comercial, defensa jurídica y participación del sector privado.
Revisión no es renegociación… pero podría serlo
Kenneth Smith, presidente del Comité Empresarial Bilateral México-Estados Unidos del COMCE, explicó que, aunque el tratado no establece que la revisión implique una renegociación automática, “Hay señales muy claras de funcionarios de la administración Trump que han manifestado su interés en renegociar ciertos aspectos del tratado”. Smith advirtió que México debe estar preparado para una revisión administrativa, una renegociación parcial o incluso total, y que el sector privado puede jugar un papel clave en la formulación de una postura sólida en los meses previos a enero.
IEPA y sección 232: dos caminos distintos hacia los aranceles
Para entender el entorno actual, es clave conocer los mecanismos que Estados Unidos utiliza para imponer aranceles fuera del marco del T-MEC. El primero es la Ley de Emergencias Económicas Internacionales (IEPA), promulgada en 1977 como parte de una reforma a la Ley de Comercio con el Enemigo, de 1917. Esta ley otorga al presidente de Estados Unidos facultades extraordinarias para restringir el comercio en situaciones que considere una “emergencia económica internacional”.
En la práctica, esto ha permitido imponer aranceles como medida de presión política, por ejemplo, en temas como migración o cooperación en seguridad.
El segundo mecanismo es la sección 232 de la Ley de Comercio de 1962, que permite imponer restricciones comerciales por razones de seguridad nacional. A diferencia de la IEPA, la sección 232 tiene procedimientos más técnicos y detallados, lo que la hace más difícil de revertir. Antonio Ortiz Mena, presidente del Comité Técnico de Estrategia del T-MEC del COMCE, lo explicó así: “La IEPA permite poner y quitar aranceles con bastante facilidad, pero la sección 232 es mucho más técnica, más establecida y onerosa para las empresas”.
El caso del acero: impacto directo en la cadena de suministro
Juan Pablo Cervantes, presidente de la Sección Internacional para América Latina del COMCE, destacó que las exportaciones mexicanas de acero están siendo afectadas por la sección 232, no por la IEPA. “Yo creo que esa no se va a quitar, y lo que tendría que buscar Canadá y México es restringir el abuso de esas restricciones por supuestas amenazas a la seguridad nacional”.
Además, explicó que el arancel del 25% impuesto a ciertos productos mexicanos se basa en la IEPA, vinculado a temas como la cooperación en migración y combate al fentanilo. “Si México coopera, sí se puede retirar”, dijo. Pero advirtió que la discrecionalidad del Ejecutivo estadounidense y el uso de leyes como la IEPA, amplían el arsenal legal para imponer restricciones comerciales.
La caja de herramientas arancelarias de Estados Unidos
Los expertos coincidieron en que Estados Unidos cuenta con una “caja de herramientas” legales para imponer aranceles, y que la revisión judicial de la IEPA podría limitar el uso del “martillo” más pesado, pero no eliminar otras opciones. “Va a abrir esa caja, a lo mejor a uno más chico o unas pinzas”, dijo Ortiz-Mena, utilizando una metáfora para ilustrar la flexibilidad del Ejecutivo estadounidense en materia comercial.
Prepararse para navegar la tormenta
Kenneth Smith subrayó que: “La postura de México debe ser ‘respetemos lo firmado, mantengamos el libre comercio’, porque eso fortalece las cadenas productivas de Norteamérica y permitirá que Estados Unidos, México y Canadá compitan con éxito contra China a largo plazo”. La experiencia acumulada por los negociadores mexicanos desde los años noventa, sumada a los profundos vínculos comerciales e inversionistas entre México y Estados Unidos, son activos estratégicos para enfrentar este proceso.
“Será una negociación difícil, porque Trump insistirá en aranceles base y cupos de exportación, como en 2017 y 2018”, advirtió Smith. Sin embargo, el sector privado puede ayudar al Gobierno de México a formular la mejor postura posible, especialmente si se logra llegar a enero sin la presión de aranceles vigentes.
Rumbo a enero
De acuerdo con Kenneth Smith, el próximo enero (2026) Estados Unidos está obligado por ley a presentar ante el Congreso un informe que detalle los resultados de la consulta pública y los objetivos de su gobierno respecto al tratado. Este documento será clave para definir si la administración Trump busca simplemente extender el acuerdo tal como está o si pretende abrir la puerta a una revisión más profunda, que podría desembocar en una renegociación parcial o total.
Además, se espera que en enero comiencen las reuniones formales de revisión entre los tres países. Por ello, el secretario Marcelo Ebrard ha señalado que alcanzar acuerdos arancelarios en temas sensibles como seguridad y migración antes de que termine el año sería estratégico para México. Llegar a enero sin presiones arancelarias permitiría al país negociar desde una posición más sólida, defendiendo principios fundamentales como el libre comercio y la integración productiva regional.
Este momento no solo pondrá a prueba la capacidad técnica y diplomática del equipo negociador mexicano, sino también la articulación entre gobierno y sector privado para construir una postura firme, realista y alineada con los intereses de las cadenas de suministro que conectan a Norteamérica.
Mantener la calma, pero actuar con firmeza
La revisión del T-MEC y las decisiones judiciales sobre la IEPA configuran un escenario complejo para México. Las fechas clave —3 de noviembre para comentarios al USTR y 5 de noviembre para la audiencia sobre la IEPA— marcarán el tono de lo que está por venir. México debe estar listo para defender sus intereses, proteger sus cadenas de suministro y garantizar que el futuro del T-MEC siga siendo un motor de competitividad regional. Como señaló Ortiz-Mena: “Hay que mantener la calma, pero yo creo que vamos a llegar bien… y a mejor puerto que antes”.













