El nuevo Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para las bebidas saborizadas, aprobado ayer en la Cámara de Diputados —con 350 votos a favor, 129 en contra y una abstención— no solo elevará la carga fiscal en 2026, también llevará a la industria refresquera a reconfigurar su cadena de suministro, desde la obtención de insumos hasta la distribución final.
Para entender mejor de qué va la medida, vale la pena hacer una recapitulación: el pasado 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el Paquete Económico 2026, en el que se proponía aumentar en 87% el IEPS a las bebidas saborizadas. Además, por primera vez se incluía a las bebidas no calóricas; o sea, a los refrescos light y cero que tendrían el mismo impuesto que los regulares.
La propuesta generó una gran polarización. Mientras que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum defendió el incremento, argumentando problemas de salud pública relacionados con estas bebidas; los refresqueros, señalaron que la medida era puramente recaudatoria y el impuesto aplicado previamente en 2014 no había demostrado reducir el consumo.
Tras varias semanas de opiniones encontradas entre empresarios, el gobierno federal y Asociaciones Civiles, el pasado 14 de octubre, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones al gravamen para bebidas saborizadas que elevaba el impuesto de $1.64 a $3.08 pesos por litro para las bebidas azucaradas y de $0 a $3.08 pesos por litro para las bebidas con edulcorantes no calóricos.
Un acuerdo que cambia la operación refresquera
Sin embargo, ayer el Gobierno de México, la Cámara de Diputados y representantes del sector empresarial alcanzaron un acuerdo integral que modificó el esquema fiscal originalmente propuesto para las bebidas saborizadas dentro del IEPS.
Tras el diálogo con el Congreso y la industria, se definió que el IEPS para bebidas endulzadas con azúcar sí aumentará de $1.64 a $3.08 pesos por litro, mientras que las bebidas con edulcorantes no calóricos —como las versiones light, cero o sin azúcar— serán gravadas por primera vez con una cuota reducida de $1.5 pesos por litro, en lugar de los $3.08 originalmente contemplados.
De esta forma, se mantiene un diferenciador de precio entre ambas categorías, con el objetivo de incentivar el consumo de opciones bajas en calorías y promover la reformulación de productos, según explicó el subsecretario de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, durante la conferencia celebrada en la Cámara de Diputados.
“El IEPS se convierte en una herramienta de salud pública. Su fin no es recaudar, sino salvar vidas y construir un país más sano”, afirmó Clark.
El acuerdo fue encabezado por el secretario de Salud, David Kershenobich, junto al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, y el presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, con la participación de Andrés Massieu Fernández, de la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb), y Patricio Caso Prado, vicepresidente de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Coca-Cola México.
Compromisos de la industria y nueva estructura comercial
Durante el anuncio, Patricio Caso Prado presentó los compromisos voluntarios de la refresquera como parte del acuerdo nacional:
“Garantizaremos una reducción del 30% de las calorías de Coca-Cola, de manera escalonada, empezando por las presentaciones más grandes; en un año, el 70% del volumen comercializado en el país ya se encontrará en ese supuesto”.
Además, la empresa se comprometió a:
- Colaborar con distribuidores y autoridades para que las bebidas sin calorías tengan un precio menor que las equivalentes con azúcar.
- Dar prioridad a la publicidad de versiones sin azúcar, eliminando la presencia de menores de 16 años en sus campañas.
- Promover presentaciones de un litro, alineadas con hábitos de consumo más responsables.
- Instalar una mesa de trabajo permanente con la Secretaría de Salud para dar seguimiento a los avances.
En nombre del sector, Andrés Massieu Fernández, de MexBeb, reconoció la apertura del Gobierno y del Congreso, y aseguró que la industria fortalecerá la innovación, reformulación y autorregulación publicitaria para orientar al consumidor hacia opciones más saludables.
Reconfiguración de la cadena de suministro
La aplicación del nuevo IEPS y los compromisos de reformulación implican una reingeniería logística y productiva sin precedentes en la industria refresquera mexicana.
El ajuste de fórmulas, el rediseño de envases y la segmentación de precios demandarán nuevos flujos de aprovisionamiento, almacenamiento y distribución, especialmente ante la incorporación de edulcorantes alternativos como estevia, alulosa o fibras funcionales.
Según estimaciones de PwC México, citadas por El Economista, los costos logísticos y operativos podrían aumentar entre 10% y 12% durante el proceso de transición, debido a la adaptación de maquinaria, calibración de líneas de llenado y cambios en etiquetado.
Las embotelladoras deberán:
- Diversificar su red de proveedores y fortalecer contratos de suministro.
- Actualizar los sistemas de control de calidad ante ingredientes más sensibles a temperatura y humedad.
- Optimizar rutas y centros de distribución para contener el alza en costos de transporte.
- Digitalizar la trazabilidad para garantizar cumplimiento normativo y eficiencia en el control de inventarios.
Eficiencia y competitividad ante un nuevo modelo de salud pública
Los refrescos, tanto las versiones regulares como las light, costarán más en México el próximo año; por ello, para mantener la eficiencia y competitividad a largo plazo, la industria de bebidas deberá transformar su modelo de negocio y —además de reformular—, puede crecer su segmento de bebidas no carbonatadas.
A nivel global, se estima que la industria de bebidas no carbonatadas alcanzará los 289,000 mdd en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 5.6% para los próximos cinco años, según Strategic Market Research. Otros análisis, como el de Research and Markets, son más positivos y elevan el crecimiento a 7.4%.
El nuevo IEPS, junto con los compromisos asumidos por la industria, redefinen el modelo operativo de un sector que aporta 3.4% del PIB nacional y ofrece 1.9 millones de empleos. Más allá del impacto fiscal, esta reforma impulsa un cambio estructural: una industria orientada a la salud, la eficiencia y la sostenibilidad.
Para la cadena logística, el reto será equilibrar rentabilidad con innovación, garantizando que los nuevos estándares regulatorios se traduzcan en procesos más limpios, trazables y eficientes.
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