Litio en México: qué implica el fallo de la SCJN para la industria y la supply chain

El pasado 24 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio luz verde a la reforma a la Ley Minera, la cual, consolida un cambio fundamentan en el régimen legal del litio en México al validar la exclusividad del Estado en su exploración y explotación. Dicho fallo, derivado de la Acción de Inconstitucionalidad 78/2022, tiene implicaciones profundas para la industria minera nacional y su integración en la supply chain global, en el contexto de la transición energética y la renegociación del T-MEC. 

Recordemos que, la reforma a la Ley Minera, publicada en mayo de 2023 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece que “el litio es un recurso estratégico cuya exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento quedan reservados exclusivamente al Estado mexicano”; esto, implica que no se otorgarán nuevas concesiones, contratos o licencias a privados, a diferencia de lo que ocurre con otros minerales. 

Además, el nuevo marco contempla la creación de Litio para México (LitioMx), un organismo público descentralizado encargado de coordinar el desarrollo del sector, desde la exploración hasta —potencialmente— la integración en cadenas de valor. Este punto es clave porque no solo centraliza el control del recurso, sino que abre la puerta a una gestión estatal de toda la cadena productiva. 

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¿Qué discutió y avaló la SCJN? 

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se enfocó en tres ejes principales:  

1). Validación de la exclusividad estatal y fin de concesiones privadas. La Corte reconoció la validez de los artículos 1, 5 Bis y 10 de la Ley Minera, los cuales reservan al Estado mexicano todas las actividades relativas al litio y prohíben el otorgamiento de nuevas concesiones a particulares. Esto ratifica que el litio es un área estratégica de exclusividad federal, un carácter que fue reforzado por la reforma constitucional de octubre de 2024. 

2). Certeza sobre la consulta indígena. Asimismo, el Tribunal Pleno determinó que no era exigible la consulta previa a pueblos indígenas y afromexicanos para este cambio de régimen, el argumento principal fue que la reforma constituye un cambio general en el ordenamiento jurídico que no genera una afectación directa o diferenciada específica sobre estos grupos, lo que elimina un posible obstáculo legal que había sido impugnado por legisladores de minoría. 

3). Marco legal para reservas mineras. Se validó que la clasificación de yacimientos como “zonas de reserva minera” es legal, siempre que se sigan los procedimientos que exigen sustento técnico y la intervención del Servicio Geológico Mexicano (SGM). Este punto, obliga al gobierno a mantener un rigor técnico en la identificación de los recursos antes de su asignación a la empresa estatal. 

Al avalar constitucionalmente este fallo, la SCJN confirma que el litio puede ser considerado un área estratégica reservada al Estado; con ello, se elimina el principal riesgo jurídico que enfrentaba la reforma: su posible invalidación por violaciones a principios de competencia o derechos de concesionarios. Sin embargo, que el marco legal esté definido no significa que esté completamente resuelto en su aplicación. 

Por otro lado, la resolución no aclara la incertidumbre sobre inversiones existentes, que ha sido alertada por la Cámara Minera de México (CAMIMEX), quien también ha señalado que, la reforma puede desincentivar la inversión general en el sector.  

Cabe mencionar que, existe otra tensión respecto a concesiones otorgadas antes de la reforma de 2022, las cuales se enfrentan a procesos de revisión y posibles arbitrajes internacionales, como el caso de la empresa china Ganfeng Lithium. 

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Impacto en la supply chain y el espacio económico de Norteamérica 

En el contexto de la guerra comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China, el litio mexicano es visto como una oportunidad estratégica para superar la debilidad de las cadenas de suministro de EU frente al predominio del “Gigante Asiático” en la producción de baterías.  

Las políticas estadounidenses, como la Ley de Reducción de la Inflación, señalan que, para 2030, si alguien quiere que su auto califique para créditos fiscales en EU, el 80% de los minerales de la batería deben venir de la región o de países “amigos”; esto, sin duda representa una oportunidad para que México se convierta en un socio estratégico.  

Cabe señalar que, si bien el Estado mexicano tiene la exclusividad, el decreto de creación de LitioMx contempla que el organismo podrá asociarse con otras instituciones públicas y privadas para la administración y control de las cadenas de valor.  

Esto es crucial para la industria, ya que México aún no posee la tecnología necesaria para extraer litio de yacimientos de arcilla, que son técnicamente más complejos que las salmueras sudamericanas. 

La resolución de la SCJN también tendrá un impacto en la industria automotriz, debido a que el fallo asegura que el control de la materia prima esté en manos estatales, pero la transformación industrial (fabricación de baterías y componentes) requerirá una estrecha coordinación con las empresas automotrices instaladas en México. 

Se trata de un dato fundamental porque México representa el 23.4% de la producción automotriz de Norteamérica, lo que vincula directamente el futuro del litio nacional con la competitividad de este complejo industrial. 

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Desafíos y puntos críticos del nuevo esquema 

La revista RELIGACION, publicó el año pasado un estudio académico que analiza el comercio internacional de minerales metálicos con relación al World Power Index (WPI); en él, se explica que los países que concentran el mayor poder geoeconómico no necesariamente son los grandes exportadores de minerales, sino aquellos que “los importan, procesan e integran en cadenas industriales de alto valor agregado”. 

O sea que, la mayor rentabilidad de minerales estratégicos como el litio, no está en la extracción y venta directa del insumo, sino en el procesamiento y su integración a la supply chain; en este sentido, la reforma a la Ley Minera se encamina a que el valor agregado se quede en México. 

En este sentido, el fallo de la SCJN otorga respaldo jurídico definitivo al modelo nacionalista del litio, eliminando la posibilidad de participación privada directa en la extracción mediante concesiones, pero dejando abierta la puerta a asociaciones estratégicas para el procesamiento y la integración de este mineral en la cadena de valor de la electromovilidad de Norteamérica. 

Sin embargo, aunque en la teoría es un gran logro que el manejo de un mineral estratégico como el litio se quede en manos de los mexicanos, diversos análisis, como los de la firma Holland & Knight, advierten que el nuevo esquema abre una serie de zonas grises que pueden traducirse en fricciones operativas: 

• Concesiones previas vigentes. La ley respeta los derechos adquiridos antes de la reforma, lo que genera un sistema híbrido donde coexisten proyectos privados heredados con el nuevo modelo estatal. Esto puede complicar la coordinación y planeación del desarrollo del sector. 

• Participación privada indirecta. Aunque el Estado mantiene el control, aún no está del todo claro bajo qué mecanismos podrían integrarse empresas privadas —por ejemplo, como proveedores tecnológicos, socios industriales o inversionistas—, lo que introduce incertidumbre para el capital. 

• Riesgos de litigio y arbitraje internacional. Empresas afectadas por cambios en concesiones han recurrido o podrían recurrir a instancias internacionales, lo que añade presión jurídica y puede retrasar proyectos estratégicos. 

• Definición operativa de LitioMx. El organismo tiene un mandato amplio, pero aún enfrenta el reto de traducirlo en capacidades concretas: estructura, presupuesto, talento técnico y modelo de operación. 

Adicionalmente, existe otro factor que pone en riesgo en la sustentabilidad de la cadena del litio en México: Sonora, el estado donde se ubican los mayores yacimientos, enfrenta graves retos de estrés hídrico.  

Por lo tanto, aunque el fallo de la SCJN permite avanzar en el modelo estatal, la industria subraya que la cadena de suministro solo será viable si se implementan tecnologías de bajo consumo de agua para evitar daños irreversibles a los ecosistemas locales. 

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Hacia una logística de valor agregado  

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación marca el fin de una etapa de incertidumbre jurídica, pero inaugura una fase crítica de ejecución técnica y logística en México. 

Para que el litio mexicano pase de ser un recurso bajo tierra a un motor de la supply chain norteamericana, el Estado deberá demostrar que LitioMx tiene la capacidad de gestionar no solo la extracción, sino la integración con la industria de la electromovilidad.  

En este nuevo tablero, la ventaja competitiva de México no vendrá de la propiedad del mineral, sino de su habilidad para insertarlo eficientemente en una cadena de valor que exige velocidad, tecnología sustentable y, sobre todo, reglas de operación claras.