En menos de un año, México volverá a sentarse con Estados Unidos y Canadá para la revisión del T-MEC, un proceso que no solo evaluará reglas comerciales, sino también los compromisos de electromovilidad asumidos en 2021: las tres naciones firmaron que rumbo a 2030, al menos el 50% de las ventas de vehículos ligeros en la región serían eléctricos.
La transición ya está en marcha, los vehículos híbridos y eléctricos representan actualmente el 12% del mercado nacional, frente al 1% registrado hace apenas cinco años, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA). Este avance ha sido impulsado por una mayor competencia, nuevos modelos de menor costo y una adopción creciente por parte de consumidores y flotillas.
“Hoy el precio ya no es el obstáculo, tenemos modelos por debajo del promedio nacional de venta. El gran reto ahora es la infraestructura”, señaló hace unas semanas Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA, en el pódcast Norte Económico de Banorte.
Más del 80% de las recargas en el país se realizan en hogares u oficinas, lo cual no representa un problema para trayectos cortos en entornos urbanos; sin embargo, para empresas de logística o traslados de larga distancia, la falta de electrolineras públicas confiables se convierte en un freno real. México avanza en adopción, sí, pero lo hace sobre una base aún frágil.
Rezago frente a compromisos internacionales
El análisis “Movilidad eléctrica y sostenibilidad en México: evaluación del avance frente a compromisos internacionales (2015–2024)” publicado en 2025 en LATAM Revista de Ciencias Sociales, evidencia que México está significativamente rezagado en el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de descarbonización y movilidad eléctrica, lo que no solo implica un problema ambiental, sino que amenaza con debilitar su posición dentro de la integración económica norteamericana.
En el marco del Acuerdo de París, México se comprometió a reducir 22% de sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, pero entre 2013 y 2021 las emisiones aumentaron 7.3 %, debido principalmente al estancamiento en la transición energética, el repunte del uso de combustibles fósiles en generación eléctrica y la falta de medidas estructurales en el sector transporte (uno de los mayores emisores).
Este desajuste significa que, para alcanzar la meta, el país tendría que acelerar drásticamente la reducción de emisiones en menos de cinco años, un ritmo sin precedentes en su historial reciente.
Por otro lado, en materia de energías limpias, la meta era que representaran el 35% de la generación eléctrica en 2024. No obstante, en 2023 el porcentaje se ubicó en 23.2%, arrastrado por la caída en la generación hidroeléctrica y la ausencia de nuevos proyectos renovables de gran escala.
Esto no es un simple indicador técnico: la disponibilidad de energía limpia es un requisito fundamental para que los vehículos eléctricos sean realmente “cero emisiones” y para que las plantas automotrices puedan exportar sin restricciones a mercados con estándares ambientales más estrictos.
Una meta que se acerca rápido
Con relación al objetivo trilateral firmado en 2021 sobre el aumento en las ventas de vehículos eléctricos rumbo a 2030, el análisis señala que mientras Canadá y EU han desplegado incentivos masivos, estándares obligatorios y redes de recarga extensas, México avanza de forma fragmentada, dependiendo en gran medida de la iniciativa privada.
El paper, publicado en LATAM Revista de Ciencias Sociales advierte que este rezago no es solamente ambiental o reputacional: tiene consecuencias económicas directas. Las cadenas de suministro automotrices de América del Norte se están reconfigurando alrededor de estándares de electromovilidad y producción baja en carbono, impulsados por la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) en Estados Unidos.
Si México no logra alinear su infraestructura energética, sus niveles de adopción y su regulación con estos objetivos, corre el riesgo de quedar fuera de los nuevos esquemas de integración, perdiendo competitividad frente a socios y competidores que sí cumplan con los estándares eléctricos y de emisiones.
Mercado dinámico, políticas lentas
En tanto que el sector privado se adapta, las políticas públicas no avanzan con la misma rapidez. Marcas internacionales amplían su presencia, consumidores comparan en línea antes de comprar y flotillas privadas exploran modelos eléctricos y esquemas de retrofit para reducir costos operativos.
El estudio de LATAM Revista de Ciencias Sociales identifica la falta de coordinación institucional como uno de los principales cuellos de botella. Múltiples dependencias —SEMARNAT, SENER, INECC, CRE, BANOBRAS— participan en la agenda, pero sin un liderazgo claro ni sistemas de medición y verificación (MRV) que permitan dar seguimiento a los avances.
“Los distribuidores ya no hablamos de convencer al cliente —eso ya está ocurriendo—, hablamos de si el país está listo para acompañarlo”, mencionó Rosales.
Este 2025 marca la mitad del camino hacia 2030, y la ventana para cumplir los compromisos internacionales comienza a cerrarse. De no corregir el rumbo, México corre el riesgo de llegar tarde a la transición eléctrica norteamericana, con implicaciones no solo ambientales, sino también comerciales y logísticas. La pregunta es clara: ¿podrá el país acelerar lo suficiente en la segunda mitad de la década para no quedarse atrás?
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