La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) instó a las autoridades a encontrar una solución inmediata al bloqueo en la autopista México-Puebla y el Arco Norte.
- El organismo informó en un boletín que el bloqueo realizado por ejidatarios del municipio de Santa Rita Tlahuapan de Puebla, a la altura del kilómetro 74, ha dejado pérdidas por 4 mil millones de pesos.
La afectación es en ambos sentidos, del centro hacia el sureste del país y viceversa.
A través de esa vía se transportan mercancías como textiles, autopartes, electrónicos, alimentos y bebidas. La Canacar reiteró que este tipo de acciones atentan contra la movilidad y el libre tránsito de millones de personas que circulan diariamente en esta importante vía.
Nos mantenemos sensibles ante las demandas externadas por los manifestantes, señaló el comunicado.
Sin embargo, apelamos a su comprensión para que no se vea afectada la cadena de suministro así como las actividades de personas en general, abundó.
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En tanto, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, Concamin, también hizo un enérgico llamado a las autoridades del Gobierno federal para que intervengan y liberen los bloqueos.
- A través de un comunicado, la Concamin pide entablar un diálogo constructivo con los grupos inconformes que mantienen los bloqueos.
Remarcó que por esa vía se transportan bienes y mercancías que dinamizan y sostienen la economía del país.
“La autopista México-Puebla es un eje fundamental para el transporte de personas y mercancías, y su bloqueo prolongado genera significativos perjuicios económicos y sociales”, resaltó el documento.
Puebla Canacintra y el Consejo Coordinador Empresarial se pronunciaron en el mismo sentido. Argumentaron pérdidas en la productividad y la competitividad del sector industrial.
Las manifestaciones iniciaron la mañana del 6 de agosto, cuando un grupo cerró la circulación entre Río Frío y San Martín Texmelucan.
Los ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan realizaron hace un mes bloqueos en el mismo tramo carretero.
Denuncian la expropiación de más de 400 hectáreas de al menos cuatro ejidos para construir las vialidades, por las que aseguran no han recibido pago alguno.
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