La Comisión Nacional de Energía (CNE) ha establecido un nuevo requisito de trazabilidad para el transporte de combustibles, que obliga a todas las unidades de transporte a contar con un balizado con código QR y un sistema de GPS en tiempo real. Esta medida, que entró en vigor el 25 de septiembre de 2025, representa un cambio significativo en la operación logística del sector y busca combatir de manera frontal el robo de combustible y el uso ilícito de unidades.
Visibilidad total en la ruta
El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) introduce un sistema de identificación y rastreo sin precedentes para las pipas y carrotanques que transportan petrolíferos, gas LP y petroquímicos. El objetivo regulatorio es tener visibilidad total del parque vehicular, reduciendo así los impactos negativos de la sustracción y el desvío de productos.
La medida se enmarca en una estrategia de seguridad más amplia. Días antes del anuncio, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Secretaría de Marina (Semar) y el SAT firmaron un acuerdo de colaboración para vigilar el traslado de mercancías, utilizando la Carta Porte digital como herramienta central para interceptar bienes de origen ilícito. Este operativo ya había resultado en el decomiso histórico de 10 millones de litros de diésel y la detención de casi 50 personas, incluyendo altos mandos militares y empresarios.
Los tres pilares tecnológicos del transporte seguro
El nuevo marco obligatorio se sostiene en tres componentes tecnológicos clave que toda unidad debe portar:
Balizado físico con código QR. Se trata de calcomanías autoadheribles con especificaciones técnicas muy estrictas. Deben ser resistentes a la intemperie, visibles tanto de día como de noche, y soportar temperaturas desde -40 °C hasta más de 80 °C para combustóleo. Lo crucial es que el código QR no lo genera la empresa, sino que es emitido y notificado de forma oficial por la CNE a través de la Oficialía de Partes Electrónica (OPE).
Código QR de verificación inmediata. Al escanear el código con un dispositivo móvil estándar, cualquier ciudadano o autoridad puede acceder a un conjunto completo de datos para verificar la legalidad del transporte. La información incluye el nombre de la empresa permisionaria, la vigencia del permiso, los productos autorizados, la placa del vehículo, los seguros vigentes, las rutas autorizadas, los datos del conductor e incluso la Carta Porte que ampara la procedencia lícita del producto. Esta transparencia busca facilitar la denuncia ciudadana ante cualquier inconsistencia.
Sistema de GPS interoperable: Las unidades deben contar con un sistema de geolocalización que esté activo de manera permanente e ininterrumpida. Este sistema debe transmitir datos en tiempo real (con una frecuencia mínima de cada 30 segundos) hacia las plataformas de monitoreo de la CNE. Debe contar con interfaces de programación (API) abiertas y cumplir con estrictos protocolos de seguridad y cifrado de datos. La negativa a permitir el acceso remoto a esta información se considera un incumplimiento grave.
Implicaciones para las empresas logísticas
Para los permisionarios y las empresas que ofrecen o contratan servicios de transporte de combustibles, el cumplimiento de esta normativa es imperativo y conlleva una reingeniería de sus procesos.

Cumplimiento y plazos estrictos. Las empresas con permisos vigentes recibirán la notificación de los códigos QR y dispondrán de un breve plazo para instalarlos en toda su flota. Para las nuevas unidades, no se puede operar en ruta sin el balizado y el GPS activo y validado. Quienes no cuenten con el sistema GPS tienen un plazo de 30 días para su instalación, según establece el DOF.
Gestión de flotas y terceros. Las compañías deben realizar un inventario detallado de su parque vehicular y evaluar la capacidad técnica de sus proveedores de GPS. Es fundamental que los contratos con transportistas tercerizados incluyan cláusulas que exijan la interoperabilidad y el acceso a los datos de geolocalización por parte de las autoridades. La desalineación entre los permisos y las unidades en ruta representa un riesgo operativo alto.
Sanciones por incumplimiento: Las sanciones por no acatar las reglas son cuantiosas. Pueden ir desde multas que van de 17,200 a 344,000 veces el valor diario de la UMA por entorpecer la obligación de reportar, hasta la revocación del permiso en casos graves.
Más allá de ser un requisito, la implementación efectiva de estas medidas puede convertirse en una ventaja competitiva. La trazabilidad end-to-end puede reducir los tiempos de verificación en carretera y agilizar la solución de disputas sobre la cadena de custodia del producto. Además, los datos de telemetría en tiempo real permiten optimizar rutas, consumo de combustible y programar mantenimientos preventivos, transformando el cumplimiento regulatorio en una palanca de productividad para la cadena de suministro.
La exigencia de balizado con QR y GPS interoperable consolida un nuevo estándar de seguridad y transparencia para la logística de combustibles en México. Para la comunidad empresarial B2B, este cambio representa el inicio de una era de mayor control y formalidad, donde la correcta implementación no solo mitiga riesgos, sino que allana el camino hacia operaciones más eficientes y confiables.