Mientras distintos países avanzan con marcos normativos cada vez más detallados para regular la inteligencia artificial (IA), México se encuentra en una etapa particular: la tecnología ya está integrada en procesos públicos, privados y cotidianos, pero aún no existe una ley general que la ordene desde una sola visión.
Esto no significa que el país esté rezagado; más bien, refleja un momento de transición en el que el uso de la IA crece más rápido que el diseño del marco jurídico que deberá acompañarlo.
Esa es una de las ideas que atravesó el webinar impartido por Tania Zúñiga, abogada especializada en derecho tecnológico.
Su exposición dibujó un México que convive con la IA desde muchos frentes, aun sin contar con una regulación unificada. Todo esto permitió ver que la brecha entre tecnología y derecho no se debe únicamente a falta de acción, sino también a la complejidad propia de una tecnología que avanza a una velocidad sin precedentes.
Un país sin ley de IA, pero no sin regulación
Aunque no hay una ley específica de inteligencia artificial, el ecosistema digital mexicano sí opera bajo reglas vigentes.
La protección de datos personales, por ejemplo, se volvió más exigente desde la reforma publicada en marzo de 2024: las organizaciones deben informar a los titulares cuando existan decisiones automatizadas sobre sus datos y ofrecer vías claras de oposición.
Ese es solo un ejemplo. La actividad diaria de empresas y usuarios también está marcada por normas de propiedad intelectual —que ya negaron el registro de obras creadas por IA—, por nuevas discusiones sobre identidad digital y por criterios judiciales que empiezan a aparecer en tribunales.

En uno de ellos, una herramienta de IA fue usada para calcular el monto de una garantía; el tribunal validó el apoyo tecnológico, siempre bajo supervisión humana.
De este modo, la IA sí está regulada en México, aunque de manera dispersa. Las obligaciones existen, pero están distribuidas en marcos legales que originalmente no se diseñaron pensando en algoritmos y sistemas autónomos.
El avance global como referencia, no como receta
La comparación internacional ayuda a dimensionar el momento mexicano. La Unión Europea ha optado por el camino más rígido y estructurado: un modelo basado en niveles de riesgo que impone obligaciones estrictas tanto a desarrolladores como a proveedores de sistemas de IA.
Estados Unidos, por su parte, privilegia la innovación y la flexibilidad regulatoria, apoyándose en normas sectoriales que no pretenden abarcarlo todo.
Latinoamérica también se mueve: Perú ya cuenta con una ley y un reglamento que tomarán forma de manera escalonada, mientras que El Salvador apuesta por fomentar la innovación con reglas mínimas.
El mensaje para México, según Zúñiga, es que este entramado global sirve como marco de referencia, pero no como plantilla.
De hecho, una de las conclusiones de los conversatorios organizados por el Senado fue clara: el país debe construir un modelo propio, adaptado a su sistema jurídico y a su realidad tecnológica, económica y social.
Un momento de transición con oportunidad
Más que una ausencia, la falta de una ley específica puede entenderse como una etapa natural en el camino regulatorio.
La tecnología llegó primero; el derecho está por alcanzarla. Esta brecha se vive también en otros países y, en el caso de México, abre una ventana para aprender de experiencias ajenas, anticipar problemas y construir un marco normativo que refleje las particularidades locales.
Zúñiga subrayó que empresas y usuarios ya obtienen beneficios reales de la IA—desde procesos más ágiles hasta decisiones más informadas—pero también deben asumir la responsabilidad correspondiente, especialmente en el manejo de datos y en el uso ético de las herramientas.

La IA ya está aquí y México convive con ella todos los días. Las normas actuales permiten un uso responsable y ofrecen puntos de control importantes, sobre todo en materia de privacidad y responsabilidad profesional.
El siguiente paso será construir un marco integral que dé claridad a todos los sectores, sin perder el equilibrio entre protección, innovación y competitividad.
Mientras esa ley llega, el país sigue avanzando sobre un terreno híbrido: regulado, pero todavía en formación. Un espacio donde la tecnología no espera, y donde el derecho comienza a trazar el camino que vendrá.












