Seguridad bajo presión en Lázaro Cárdenas, el nodo clave del comercio Pacífico-Asia

El puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, conecta a México con más de 30 naciones a través del comercio en la ruta Pacífico-Asia. Sus modernas instalaciones, reciben y envían acero, minerales, productos agrícolas, fertilizantes y, debido a su cercanía con el Bajío, es un nodo clave de intercambio para la industria automotriz.

Sin embargo, la seguridad de este centro portuario —inaugurado en 1974— se encuentra bajo presión debido a que, en las últimas semanas, la entidad ha vivido una ola de violencia por parte de integrantes del crimen organizado, quienes, en menos de 15 días, asesinaron a Bernardo Bravo y Alejandro Torres Mora, dos líderes limoneros que habían denunciado extorsiones y cobros por “derecho de piso”.

La indignación de los michoacanos llegó a su límite cuando, el pasado 1 de noviembre, el alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo, perdió la vida durante un ataque en un evento público del Día de Muertos. Tras una serie de protestas y bloqueos en varios municipios, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral que combina seguridad, desarrollo y reconstrucción institucional.

De acuerdo con la mandataria, su propósito no es militarizar Michoacán, sino recuperar el control de las rutas que conectan los valles agrícolas, las terminales ferroviarias y el puerto, garantizando condiciones seguras para las operaciones logísticas y marítimas.

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Lázaro Cárdenas, punto estratégico con vulnerabilidad histórica

Entre enero y agosto de 2025, el puerto de Lázaro Cárdenas movilizó 19.3 millones de toneladas de carga, de las cuales, 63% corresponde a importaciones, 27% a exportaciones y 10% a cabotaje, según datos del Gobierno de México, publicados el pasado 22 de septiembre. Sin embargo, este importante nodo logístico que nos conecta con Asia, tiene una historia marcada por la tensión entre su relevancia económica y la presencia de grupos delictivos que durante años controlaron tramos carreteros e incluso operaciones portuarias.

Dada su importancia en el sector agrícola, desde 1940, Michoacán fue uno de los lugares predilectos de los cárteles para el cultivo de marihuana y amapola (especialmente la zona de Tierra Caliente y la Sierra Madre del Sur), debido a su cercanía con estados como Sinaloa; sin embargo, en ese momento, los productores fungían como socios subordinados de los traficantes del norte, señala el estudio “Crimen organizado y autodefensas en México: el caso de Michoacán”, publicado en 2014 en la revista Perspectivas.

El cisma llegó en los años 80 y 90 porque la apertura de rutas de cocaína por el Pacífico y la producción de metanfetaminas, cuyo suministro entraba por esa vía, hizo del puerto de Lázaro Cárdenas un punto neurálgico para el trasiego de drogas e impulsó el surgimiento de Los Valencia —luego conocidos como el Cártel del Milenio—, el primer grupo criminal michoacano que mantuvo un bajo perfil para evitar confrontaciones, pero que fue ganando influencia en las rutas logísticas del estado.

La relativa calma que vivía Michoacán se terminó en la década de 2000 con la llegada de Los Zetas, quienes impusieron un modelo criminal basado en el control territorial, la extorsión y el secuestro, rompiendo el antiguo equilibrio entre el narcotráfico y la población civil. Además, varios exaliados de este sanguinario grupo criminal crearon La Familia Michoacana, en 2006, que añadió un discurso ideológico y religioso a la violencia y consolidó un sistema de cobro de “derecho de piso” y control social en varios municipios.

Para hacer frente a la recalcitrante violencia en el estado, el presidente Felipe Calderón lanzó en diciembre de 2006 el “Operativo Conjunto Michoacán”, en el que las fuerzas militares fueron enviadas a combatir a los criminales; sin embargo, lejos de disminuir, el poder de estos grupos tomó fuerza.  

En 2008, en medio de la llamada “Guerra contra el Narco” de Calderón, se registró el primer ataque contra la población civil en el país, por parte de integrantes del crimen organizado, quienes lanzaron granadas de fragmentación durante la celebración de las fiestas del 16 de septiembre en la Plaza Melchor Ocampo de Morelia.

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La importancia de Lázaro Cárdenas para los criminales

Solo fue el principio, los tentáculos del crimen se ampliaron; en 2011, tras la fragmentación de La Familia Michoacana, emergieron Los Caballeros Templarios, que extendieron sus negocios a la exportación ilegal a China de minerales como el hierro, así como al contrabando de efedrinas y toda clase de mercancías ilícitas, gracias al control que ejercían sobre el puerto de Lázaro Cárdenas y su infiltración en la política y el aparato local.

Los abusos por parte de los grupos criminales generaron una olla de presión que culminó en 2013 con la organización de población civil, mayoritariamente aguacateros y limoneros, que tomaron las armas para hacer frente a los cárteles y se conocieron como “grupos de autodefensa”.

La importancia de Michoacán para el comercio exterior y la agricultura, hicieron que el presidente Enrique Peña Nieto buscara llegar a un acuerdo con las autodefensas y nombró a Alfredo Castillo como Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral del estado en enero de 2014. 

Si bien la presión civil y del gobierno federal provocó la desintegración de Los Caballeros Templarios, los problemas de raíz no se resolvieron, nuevos grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras y Cárteles Unidos disputan hoy el territorio en Michoacán, utilizando la violencia sistemática para controlar mercados legales e ilegales, ejerciendo una profunda injerencia en los procesos políticos locales.

Asimismo, aunque la Marina asumió el control del estado en 2014, eventualmente los nuevos cárteles volvieron a tomar varias rutas terrestres importantes para la agricultura como los accesos a Uruapan, Apatzingán y La Huacana, que permanecen expuestos a bloqueos y extorsiones.

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¿Cuál ha sido el impacto en las rutas logísticas de Michoacán?

En 2024, Lázaro Cárdenas movilizó más de 33 millones de toneladas de carga, consolidándose como uno de los principales hubs del Pacífico; sin embargo, cada evento violento en Michoacán impacta directamente la cadena de suministro que conecta los centros productivos del Bajío con los mercados de Asia.

La violencia también se traduce en mayores costos operativos, seguros más caros y menor competitividad internacional, factores que erosionan la confianza de inversionistas y navieras.

Los productores de aguacate, berries y limón —productos que dependen de la salida marítima para cumplir contratos internacionales— enfrentan retrasos, extorsiones y bloqueos carreteros que encarecen la operación. La inseguridad actúa como una fricción constante en un modelo logístico que requiere precisión y continuidad.

La pérdida de confianza logística no solo tiene implicaciones regionales: pone en riesgo la estrategia mexicana de integración transpacífica y aprovechamiento del nearshoring.

Blindar el Pacífico, prioridad nacional

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, dado a conocer ayer por la presidenta Sheinbaum, incluye acciones específicas para fortalecer la seguridad logística:

• Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, con presencia en municipios costeros.
• Mesas de seguridad quincenales para evaluar la protección de corredores económicos.
• Oficinas federales en zonas portuarias, destinadas a coordinar seguridad e inversión.
• Programas de desarrollo comunitario en áreas de riesgo vinculadas a las rutas de exportación.

Cabe mencionar que, el éxito del plan será determinante no solo para Michoacán, sino para el conjunto del sistema portuario nacional. Garantizar operaciones seguras en Lázaro Cárdenas significa preservar la credibilidad logística de México en el eje Pacífico-Asia.